La presidenta Dina Boluarte otorgó este miércoles la Orden del Trabajo al juez supremo Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial, en un evento oficial en el Palacio de Gobierno que contó con la presencia del ministro Daniel Maurate y desató una serie de críticas.
El Gobierno reconoció a Arévalo por ser el primer abogado laboralista en ocupar este cargo y sus significativos aportes a la Ley Procesal del Trabajo, incluida una reforma significativa promulgada en 2023. La condecoración fue entregada en un contexto donde la presidenta enfrenta una serie de investigaciones que, si bien se encuentran en fase preliminar a nivel fiscal, eventualmente se presentarán ante el Poder Judicial.
Aunque no actúa como juez en las causas que involucran a Boluarte, Vela es titular de la instancia suprema que sí aborda estos casos. Su asesor principal, además, es Pedro Angulo, el exprimer ministro investigado por las muertes en las protestas antigubernamentales desatadas tras la caída del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
“Esto no solo es descarado sino ilegal. El Presidente del PJ no puede recibir condecoraciones por parte de litigantes (Art.40. Ley 29277). Boluarte tiene investigaciones y procesos ante el PJ. Un insulto, más ahora que los familiares de víctimas vienen a pedir justicia”, consideró la exjefa de Gabinete, Mirtha Vásquez, en un pronunciamiento de X, antes Twitter.
El consultor en estrategias contra la corrupción, Eduardo Herrera, ironizó que el momento fue una “entrega de chapitas”, mientras que la periodista Jacqueline Fowks resaltó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría abrir una pesquisa contra el juez por recibir beneficio de una persona investigada.
“Esto es ilegal. El Presidente del Poder Judicial no puede recibir nada de una litigante. Es la ley”, anotó, a su turno, la abogada Rosa María Palacios. El artículo 40 de la Ley de la Carrera Judicial estipula la prohibición explícita de “recibir donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o beneficios de sucesión testamentaria, directamente de los litigantes, sus letrados, o en representación de estos”.
A inicios de abril, Arévalo replicó a la gobernante por calificar como arbitrario, abusivo y desproporcionado el allanamiento que hizo la Fiscalía a su domicilio y al Palacio como parte de la más reciente investigación que enfrenta por el llamado ‘Rolexgate’. “Solo se ha cumplido con el procedimiento legal. Los policías han cumplido su papel, el Poder Judicial ha atendido la petición del Ministerio Público y todos, hemos actuado de acuerdo a ley”, dijo.
El año pasado, la JNJ abrió una investigación preliminar contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, precisamente por recibir una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, un acto que, según los denunciantes, está prohibido “por la normativa disciplinaria de los fiscales”, ya que el burgomaestre se encuentra incurso en una investigación fiscal por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Investigaciones contra Boluarte
La gobernante, denunciada ante el Congreso por las muertes en protestas, es investigada junto a Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral del 2021.
La pesquisa, seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, también implica al empresario Henry Shimabukuro, quien ha declarado ante la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de Boluarte durante ese período.
Adicionalmente, la Fiscalía ha extendido la investigación preliminar contra la presidenta en el ‘Rolexgate’ e incluyó el delito de cohecho pasivo impropio junto al inicial de enriquecimiento ilícito. El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales busca esclarecer las circunstancias en torno a los lujosos relojes mostrados por Boluarte en diversos eventos, y la omisión en su declaración de bienes.
Esta fase de la investigación también compromete al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, investigado bajo la sospecha de cohecho activo genérico tras admitir que prestó dichos artículos de lujo a la jefa de Estado.
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