Los cargos de prefectos y subprefectos, sobre los que existen múltiples denuncias respecto a la designación en estos cargos previo pago de sobornos al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, se encuentran en peligro. Ello, debido a un proyecto de ley planteado por el Congreso de la República que, en condición de dictamen, ha sido incluido en la agenda del pleno y figura como un punto a debatir en la sesión del mismo que se llevará a cabo este jueves 2 de mayo.
En la agenda revelada el pasado martes 30 de abril que se desarrollará a partir de las 10 a. m., el Congreso ha agendado el debate de la propuesta legislativa enfocada en la eliminación de los cargos de prefectos y subprefectos. Este es un tema que ha estado en la agenda desde noviembre de 2023, pero que hasta la fecha no ha sido tratado. De hecho, los intentos de eliminar dichos cargos dieron inicio durante el Gobierno de Pedro Castillo, tras denunciarse un mal uso de estos; sin embargo, en su momento dicho pedido no fue atendido.
Con el cambio de Gobierno, el que presuntamente hacía las designaciones en estos puestos adscritos al Ministerio del Interior era el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, según lo detallado por las acusaciones de diferentes denunciantes que presentaron boletas, chats y hasta llamadas y coordinaciones efectuadas por el familiar de la mandataria. Estos elementos incluso han llevado a la Fiscalía de la Nación a iniciar una investigación en su contra, a cargo del EFICCOP.
El proyecto que busca acabar con prefectos y subprefectos
Es en el marco de estos hechos que se presenta esta medida, que busca la modificación del Decreto Legislativo relacionado con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, con el objetivo primordial de impedir el uso del aparato público para fines proselitistas.
Con la eliminación de estos cargos dentro del aparato estatal, se busca que quienes sean designados ya no representen al presidente de la República ni al Poder Ejecutivo; a fin de que el presupuesto no sea destinado para los propios intereses de un grupo de personajes que busquen impulsar proyectos políticos privados, que nada tienen que ver con la función estatal.
Lo que plantea el dictamen es que se redistribuya el presupuesto gubernamental, enfocándose en atender otras necesidades más prioritarias del sector público. Anteriormente, los cargos de confianza eran considerados como una extensión del brazo político del ejecutivo, lo cual generaba críticas por el posible uso indebido de fondos para promover intereses particulares. Al retirar estos puestos del ordenamiento jurídico, se abre la puerta a una nueva distribución de recursos que priorice el bienestar colectivo y la eficiencia administrativa.
Acciones tras la anulación del cargo que beneficiaría a Nicanor Boluarte
La propuesta legislativa también propone que los empleados públicos contratados bajo estos regímenes laborales serán reubicados en varias dependencias del Ministerio del Interior. La medida refiere específicamente a aquellos trabajadores nombrados o contratados según los regímenes del Decreto Legislativo 728, 276 o 1057 que se encuentren en prefecturas regionales, subprefecturas provinciales y distritales, excluyendo a aquellos en puestos de confianza.
De hecho, la disposición complementaria transitoria dispones que “la implementación de la presente ley no podrá exceder de 180 días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación”.