Colegios de Abogados de Ayacucho, Puno y Cajamarca rechazan decisión del TC sobre inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez

Los Colegios de Abogados de Ayacucho, Puno y Cajamarca han manifestado su firme oposición a la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC), la cual restablece la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez de la Junta Nacional de Justicia, medida que interpretan como un respaldo a acciones del Congreso y a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Sus pronunciamientos se suman al comunicado del Colegio de Abogados de Lima, organismo que también advirtió que la acción del TC “vulnera gravemente la autonomía e independencia del Poder Judicial y el principio de separación de poderes”.

Todos coinciden en que el TC desconoció el artículo 139 inciso 2 de la Constitución “al suspender los efectos de la resolución judicial dictada por la Corte Superior de Justicia de Lima, que concedió una medida cautelar a dos integrantes de la JNJ, suspendiendo la inhabilitación de diez años impuesta por el Congreso”.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Ayacucho convocó a una vigilia programada para esta tarde, con el objetivo de defender el Estado de derecho y la constitucionalidad en el país. Así como también, el Colegio de Abogados de Arequipa llevó a cabo una manifestación simbólica esta mañana ante las instalaciones de la Corte Superior de Justicia para expresar su solidaridad con la entidad judicial y manifestar su desacuerdo con la decisión del TC que impide ejercer sus cargos a los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello.

El Colegio de Abogados de Puno manifestó su profunda inquietud ante una reciente decisión emanada del Tribunal Constitucional, pues suspende los efectos de una resolución concedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual había permitido la reincorporación provisional de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia previamente destituidos por el Congreso de la República.

Esta crítica del Colegio de Abogados subraya una potencial vulneración de la independencia judicial y los principios de la Constitución Política del Perú, en particular aquellos que se refieren a la inmisión en procesos judiciales en curso.

La entidad legal pone de relieve cómo la actuación del Tribunal Constitucional podría estar excediendo sus competencias, interfiriendo directamente en las atribuciones judiciales y afectando la independencia del Poder Judicial.

Asimismo, se argumenta que tal intervención compromete el correcto funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia, organismo encargado de la supervisión disciplinaria de jueces y fiscales, contraviniendo así fundamentos esenciales del Estado de derecho.

El Colegio de Abogados de Puno, representado por su decano, Edwin Flores Castillon, apela al TC para que revise su decisión y restablezca el respeto por la autonomía judicial. En este contexto, se subraya la importancia crítica de mantener poderes del Estado que, siendo independientes entre sí, cooperen de manera armónica, previniendo desviaciones hacia el autoritarismo.

El Colegio de Abogados de Ayacucho también cuestionó la suspensión de los efectos de dos resoluciones legislativas que inhabilitaban a miembros de la Junta Nacional de Justicia por diez años, basándose en normativas vigentes que, según el Colegio de Abogados, han sido violadas.

La Junta Directiva del Bicentenario del Colegio de Abogados argumenta que el procedimiento llevado a cabo por el Tribunal Constitucional contraviene el artículo 18° del nuevo Código Procesal Constitucional, así como el artículo 139°.2 de la Constitución. Estos estipulan que las apelaciones de medidas cautelares no deben tener efecto suspensivo y que ninguna autoridad puede interferir en causas pendientes del órgano jurisdiccional.

Entre las preocupaciones expresadas por la junta directiva se encuentra el voto singular del magistrado Monteagudo Valdez, quien destacó la premura y la elección de la mayoría de sus colegas por resolver un conflicto competencial por encima de la protección de derechos fundamentales, sin una verosimilitud probada. Además, se critica la rápida emisión de resoluciones en casos competenciales que pretenden evitar que la JNJ ejerza sus capacidades en el proceso disciplinario contra exfuncionarios involucrados en actos ilícitos.

El Colegio hace un llamado a las magistraturas del país a mantenerse firmes en su mandato constitucional de administrar justicia emanada del pueblo, reafirmando la importancia de la independencia judicial en la defensa del orden democrático y la constitucionalidad.