Midagri alista nueva ley de promoción agraria en un mes: norma no favorecería de la misma manera a pequeños agricultores

Mientras se prevé la firma de un importante acuerdo en Palacio de Gobierno relacionado con el Proyecto Chavimochic III etapa, que promete agregar 110 mil 000 hectáreas a la zona agrícola nacional, surge un debate sobre la necesidad de una nueva Ley Agraria que modernice las condiciones normativas del sector.

Así lo dio a conocer Ángel Manero Campos, el nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, quien, vía RPP, expresó su preocupación sobre los desafíos que enfrenta el sector agrícola, subrayando que a diferencia de otros sectores, “en la agricultura un mayor riesgo no implica necesariamente una mayor rentabilidad”.

Pues, de acuerdo al ministro, la situación actual del sector agrícola es compleja, con inversiones disminuyendo significativamente y perspectivas desalentadoras para este año, que podrían acarrear graves consecuencias para el 2026 y 2027 debido a la falta de nuevas inversiones que sostengan el crecimiento del sector.

En diálogo con RPP, el ministro destacó varios temas, entre ellos la problemática de desabastecimiento y sobreoferta de ciertos productos, una situación que podría mitigarse a través de un sistema de información eficaz para los agricultores, permitiéndoles ajustar sus siembras según la demanda del mercado.

Sin embargo, aunque esta estrategia beneficiaría a gran parte del sector, la iniciativa podría no tener el mismo impacto en la pequeña agricultura, reconoció el ministro.

“Nos falta un sistema de información fuerte de siembra que le diga al productor no qué va a sembrar, sino que le diga cómo están avanzando las siembras, eso es prioridad para nosotros este año, implementar el sistema de información para alertar al productor si se está sembrando mucho de algo o también poco de algo, ahí también hay una oportunidad”, agregó el funcionario.

Por ello, la nueva Ley Agraria requerirá un análisis cuidadoso para asegurar que todas las facetas del sector agrícola puedan beneficiarse equitativamente de la nueva política.

Pues, consideró Manero, es evidente la urgente necesidad de reformas que no solo aborden los desafíos inmediatos, sino que también promuevan un desarrollo sostenible a largo plazo en la agricultura peruana.

La iniciativa de la nueva Ley Agraria está a cargo de un grupo técnico especializado del Ministerio de Agricultura, que deberá introducir correcciones y retomar políticas favorables para el sector.

Christian Alejandro Garay Torres, viceministro de políticas agrarias liderará este grupo, comprometiéndose a presentar una propuesta de legislación en el plazo de un mes.

Principalmente, la revisión legislativa incluirá, entre otros aspectos, el regreso al régimen de impuesto a la renta del 15% para el sector agrario. Además, la norma busca agilizar los procedimientos y autorizaciones a través de una reestructuración de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), permitiendo una mayor confianza en las capacidades internas del sector.

Asimismo, se explorarán medidas para fomentar la certificación y capacitación laboral, así como la incorporación de nuevas partidas que podrían beneficiarse con la nueva norma.

Sin embargo, Manero resaltó que, en el marco de esta reforma, uno de los puntos más controvertidos, el Bono Beta, que representa un sobrecosto del 30% en la planilla para los exportadores, permanecerá intacto por considerarse un derecho adquirido por los trabajadores, aunque se buscarán alternativas para compensar este coste adicional.