El miércoles 24 de abril, el domicilio de Miguel Guimaraes, líder del pueblo Shipibo-Konibo y vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía del país— sufrió un ataque en la comunidad Flor de Ucayali, en el distrito de Yarinacocha, Ucayali.
El acto ocurrió cuando individuos desconocidos dejaron un mensaje intimidante en la fachada de su hogar, advirtiendo que “no viviría”, mientras él estaba en Chile, representando a Perú en la COP3 del Acuerdo de Escazú, desarrollada del 22 al 24 de abril.
De acuerdo al portal El Foco, en los días previos a la agresión, se reportó que personas desconocidas interrogaron a los vecinos sobre el retorno de Guimaraes de Santiago de Chile.
Aidesep ha condenado enérgicamente estos actos, enmarcándolos dentro de un ciclo de violencia sistemática contra los defensores indígenas en Perú.
Solicitan medidas de protección para Guimaraes y su familia
En respuesta a los hechos, se ha solicitado de manera urgente a las autoridades, incluyendo al Ministerio Público, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una investigación rápida y la implementación de medidas de protección para Guimaraes y su familia.
En esa línea, subrayan la importancia de activar el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, bajo la coordinación del Minjus, para asegurar la prevención, protección y acceso a la justicia del defensor y evitar futuros ataques.
Bajo ese contexto, Aidesep enfatiza que este atentado no es un evento aislado sino parte de una preocupante tendencia de violencia hacia los defensores de la tierra y la naturaleza.
“(...) Se da en un contexto de violencia sistemática, amenazas y atentados contra los defensores indígenas, quienes luchan por defender los derechos colectivos y los territorios ancestrales ante el avance de actividades ilícitas (...) Es obligación del Estado que las medidas de protección sean efectivas para evitar nuevos atentados”, manifestó en su pronunciamiento la organización indígena.
¿Quiénes estarían detrás de las amenazas?
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), a través de su directora del programa Biodiversidad y Pueblo Indígenas, Silvana Baldovino, ha hecho eco de la urgencia de proteger a Guimaraes y otros líderes en situaciones de riesgo.
“Frente a esta situación resulta urgente implementar las medidas necesarias para su protección, y corresponde al Poder Ejecutivo la adecuada implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras”, exhortó la especialista.
En cuanto a las personas detrás de las amenazas, las primeras investigaciones de las autoridades sostienen que estas podrían estar vinculadas a presuntos grupos ilegales dedicados a mafias de la tala y minería ilegal, de acuerdo a Latina.
Sin embargo, en una reciente entrevista con Inforegión, Guimaraes alertó sobre las graves amenazas que enfrentan los territorios indígenas en Ucayali debido a la expansión de actividades de palma aceitera.
El líder indígena acusó a las autoridades de ser cómplices de la deforestación de más de 7 mil hectáreas de bosques primarios —aquellos que contribuyen a la mitigación directa del cambio climático—, poniendo en riesgo el modo de vida y la supervivencia de comunidades nativas.
“Ya no confiamos en las autoridades porque la Fiscalía también está involucrada en esta situación. Esperamos que las autoridades competentes puedan tomar acciones correctivas para fortalecer la relación con la comunidad”, declaró Guimaraes a Inforegión.
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