El Gobierno aprobó recientes modificaciones en la legislación ambiental minera —efectuadas el 25 de abril— que podrían simplificar aún más los mecanismos de certificación ambiental para proyectos mineros.
Esta decisión, plasmada en la Resolución Ministerial N. ° 091-2024-MINAM, ajusta el reglamento de la Ley N. ° 27446, del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, según revelan informes de CooperAcción.
Las reformas introducidas buscan agilizar el proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), estableciendo un plazo máximo de 5 días para la revisión inicial de la documentación presentada por las empresas.
Además, este ajuste normativo se acompaña de otras modificaciones, como la aprobación automática de ciertos permisos y la posibilidad para los titulares de proyectos mineros de incrementar su producción diaria autorizada sin incurrir en costos adicionales, de acuerdo a la organización.
Medidas debilitarían fiscalización ambiental, según especialistas
Según detalla CooperAcción, estas decisiones forman parte de un patrón más amplio de cambios legislativos destinados a acelerar el otorgamiento de licencias ambientales en el sector extractivo, argumentando la atracción de más inversiones.
Paul E. Maquet, vocero de la ONG, sostiene que estas medidas debilitan la capacidad de fiscalización ambiental sin evidencia concreta de que hayan contribuido al aumento de inversiones en el sector.
“Lo que esta flexibilización hace, en el fondo, es debilitar la autoridad ambiental, pues se quiere siempre acelerar los procesos sin aumentar el presupuesto para una mayor plana técnica y científica por parte de las autoridades ambientales, lo que redunda en permisos aprobados a la apurada, sin la rigurosidad que se requiere para garantizar que los proyectos extractivos no afecten negativamente el ambiente y los derechos de las comunidades”, explica.
También, el especialista añade que la rapidez en la aprobación de permisos a menudo no viene acompañada de un aumento proporcional en los recursos asignados para análisis técnico y científico.
Esto podría comprometer la rigurosidad necesaria para proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por la minería.
“Nunca se ha podido demostrar con cifras concretas que estas normas hayan hecho crecer la inversión. Los hechos muestran que los flujos de inversión están más asociados a los cambios en las cotizaciones de los minerales que a la normativa ambiental”, opinó Maquet.
¿Cuáles son las otras reformas a favor de las iniciativas privadas?
Bajo este contexto, hace unos días, el Gobierno procedió a la aprobación de reformas en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), las cuales están dirigidas a simplificar las normativas ambientales.
Esta medida, anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el 24 de abril, tiene como objetivo principal facilitar el desarrollo de proyectos por parte del sector privado, reduciendo los tiempos y costos de las evaluaciones ambientales.
“Felicito esta iniciativa (...) Nosotros estamos haciendo programa de shock en contra de la tramitologia y la permisologia, que impide y constituye sin duda un obstáculo para las iniciativas privadas”, declaró el premier.
¿Qué incluyen los cambios?
Los cambios específicos incluyen la modificación del reglamento de la Ley del SEIA, que ahora establece un plazo máximo de 150 días hábiles para la aprobación de proyectos más complejos, una reducción significativa respecto al tiempo que solía demorar este proceso, que podía extenderse entre tres a cinco años.
Según manifestó Adrianzén, esta reforma es un paso importante hacia la eliminación de trabas burocráticas que obstaculizaban el avance de iniciativas empresariales.
Por su lado, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, detalló que con esta actualización se busca incrementar la competitividad nacional frente a otros países de América Latina con sistemas similares.
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