El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) descubrió que, de las 32 mil firmas presentadas en enero pasado por el partido Ciudadanos por el Perú para su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al menos 10 mil fueron inválidas y medio millar falsificadas, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder de América TV.
El partido, una iniciativa del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, ha sido señalado por la sospecha de una operación masiva de adulteración de firmas para lograr su registro oficial. El Reniec puso enfoque especial sobre unas 1,500 firmas, de las cuales aproximadamente 500 resultaron ser apócrifas.
Según el informe, esta evidencia sugiere la posibilidad de que el número de firmas adulteradas podría ser aún mayor. Alberto Moreno, secretario general del partido y cercano colaborador de Boluarte, refutó las acusaciones e indicó que la recolección de rúbricas fue una labor interna, ejecutada por militantes del partido, sin contratar a externos para dicha tarea.
“Nosotros hemos tenido una revisión antes de presentar al JNE en nuestros propios equipos”, dijo antes de asegurar que él mismo realizó las diligencias de recolección. “Por su puesto, vas a encontrar a toda mi familia militando, que son como 300″, replicó al periodista.
Cuatro ciudadanos de Lima, Ica y San Martín expresaron su indignación al descubrir que sus firmas habían sido falsificadas en planillones del partido y negaron haber firmado dichos documentos. De acuerdo con el dominical, Griselda Herrera, cercana a la familia presidencial y quien tuvo un papel activo en la campaña de Dina Boluarte, se encuentra bajo la lupa como una de las principales responsables de la operación de falsificación.
Previo a las acusaciones actuales, Herrera enfrentó denuncias por supuestamente exigir pagos y proferir amenazas contra prefectos y subprefectos de San Martín con el fin de que completaran formularios de afiliación al partido político. Tras la denuncia periodística, la Procuraduría Anticorrupción denunció a Nicanor por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.
La gobernante ha acusado a los medios de comunicación de difamar a su hermano y desmintió que use a trabajadores públicos para poder inscribir un nuevo partido político. “Dejen de difamar a mi hermano. Él no está participando absolutamente en nada, en ninguna organización de ningún partido, utilizando a los prefectos o subprefectos o algún medio económico del Estado”, dijo.
En noviembre de 2023, el Ministerio Público inició una investigación contra el hermano de la mandataria por supuestos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias, a raíz de una denuncia que sugiere la implicación de los acusados en el direccionamiento indebido de una asignación presupuestal de 20 millones de soles destinada a obras públicas en Nanchoc (Cajamarca).
Citación
La Comisión de Fiscalización del Congreso ha convocado para este martes, desde las 10:00 horas, al hermano presidencial para que responda sobre su implicación en una serie de acusaciones que lo señalan como operador político dentro del Gobierno, según audios filtrados. Deberá esclarecer además su papel en los nombramientos de cargos con fines políticos y su relación con el partido Ciudadanos por el Perú.
Junto a él, han sido convocados los gobernadores César Acuña de La Libertad, Wilfredo Oscorima de Ayacucho, y Fabián Noriega Brito de Áncash. Esperanza Rojas, representante del Consorcio Bicentenario, también ha sido citada para aclarar sus vínculos con Oscorima, particularmente tras haber sido adjudicada como proveedora del Gobierno Regional de Ayacucho.
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