Un testigo protegido reveló que la presidenta Dina Boluarte accedió de manera anticipada a las preguntas del interrogatorio oficial por las muertes en protestas, según la declaración difundida este domingo por Cuarto Poder de América TV. De acuerdo con el dominical, el exasesor legal de la mandataria, Óscar Nieves, habría facilitado esa conexión en el Ministerio Público.
El informe, que cita fuentes oficiales, refirió que Boluarte “se quebró tanto” en enero del 2023, cuando Benavides dispuso iniciar una indagación en su contra por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, que estuvo a punto de dimitir al cargo. Sin embargo, retrocedió en su decisión por intervención de Nieves.
Al no claudicar, el 7 de marzo de ese mismo año se presentó en las oficinas de la Fiscalía de la Nación para rendir su declaración y, de acuerdo con el informe, fue recibida por Marco Huamán, fiscal adjunto supremo y conocido de su abogado. Para entonces, Boluarte ya estaba enterada de las preguntas que le formularían, según el reportaje.
“Emerson Campos Maldonado me contó que, en una oportunidad, mientras se encontraban preparando a Dina Boluarte para que brinde su declaración [...], se pudo percatar que ya se tenían las preguntas que iban a ser objeto de interrogatorio”, expresó el testigo protegido.
Además, detalló que Boluarte trató de evadir su comparecencia en la sede fiscal y, en cambio, sugirió que Benavides se trasladara a Palacio de Gobierno. “En un momento de la preparación, Óscar Nieves le dice a la Presidenta de la República que tenía que acudir presencialmente a la Fiscalía para que Benavides le tome su declaración, pero que en ese momento se fastidió y dijo que ella no iba a acudir, sino que la fiscal tenía que ir al despacho de Palacio, que no se iba a prestar a ningún show mediático”, dijo.
“[Entonces] Nieves intentó explicarle que ella tenía calidad de investigada en la carpeta fiscal originada como consecuencia de las muertes generadas en las protestas sociales, por lo que tenía que acudir a la Fiscalía. Es ahí cuando Boluarte pide hablar directamente con Benavides y Óscar Nieves procede a realizar una llamada. Cuando contestan la llamada, la presidenta se aleja a conversar a otro ambiente”, por lo que ya no pudo escuchar más, abundó.
Ese marzo de 2023, Boluarte acudió al Ministerio Público, aunque optó por no declarar ante la Procuraduría, debido a que su equipo legal objetó las preguntas formuladas por esta entidad. Sin embargo, para junio del mismo año, la gobernante se presentó de nuevo ante la fiscal y, según lo reportado en un acta por el dominical, respondió a todas las preguntas, pero eligió mantenerse en silencio nuevamente cuando la Procuraduría le formuló consultas adicionales.
Ruptura
A fines de 2023, lo que parecía una alianza se rompió con la detención del ahora colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, quien confirmó la veracidad de los chats que dieron origen a una investigación abierta a una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias en el Ministerio Público.
Entonces, la exfiscal presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta y expremier Alberto Otárola por las muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023. La acusación también salpicó a los tres exministros de Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero. Los cinco fueron acusados por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.
En cuatro meses, las protestas sumaron un saldo de 77 personas fallecidas y más de 1.000 heridas, lo que llevó a diferentes organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos a denunciar un uso ilegítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
Según la Defensoría, 49 manifestantes murieron durante enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras.
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