Poder Judicial rechaza apelación de Alejandro Toledo en caso Odebrecht

La Corte Suprema negó la apelación del expresidente Alejandro Toledo, que buscaba anular el proceso legal que enfrenta por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht por 20 millones de dólares a cambio de favorecer a la constructora en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

La Sala Penal Permanente ha desestimado su solicitud de casación, manteniendo en pie las acusaciones y el juicio que busca responsabilidades por delitos de colusión y lavado de activos.

El recurso rechazado pretendía anular dos decisiones previas que desestimaron un pedido de tutela de derechos introducido por la defensa de Toledo, con el argumento de que la Fiscalía concluyó anticipadamente la investigación, impidiéndole a la defensa presentar pruebas y analizar adecuadamente el caso antes del juicio.

La apelación sostenía que dicha conclusión anticipada violaba el derecho a un plazo razonable para la preparación de su defensa. Sin embargo, el tribunal, liderado por el juez supremo César San Martín, subrayó las limitaciones de la tutela judicial a las etapas iniciales de la investigación, y afirmó que las decisiones del fiscal sobre los plazos de la investigación están dictaminadas por el Código Procesal Penal y su propio criterio estratégico.

Además de esta batalla legal, la situación de Toledo se complica con la petición del fiscal José Domingo Pérez, quien ha solicitado una condena de 20 años y 6 meses de prisión, además de una inhabilitación por nueve años para ejercer cargos públicos, por los delitos antes mencionados.

La extradición de Toledo desde Estados Unidos en abril de 2023 marca uno de los más recientes capítulos en la larga serie de investigaciones y procesos relacionados con el caso Odebrecht, que ha impregnado la política peruana de alegaciones de corrupción durante años.

Su extradición fue aprobada por el juez californiano Thomas S. Hixson. Posterior a ello, fue llevado finalmente al penal de Barbadillo donde cumplirá los 18 meses de prisión preventiva dictados por el juez Richard Concepción Carhuancho, residiendo en un distrito de Ate mientras prosigue su juicio.

La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato pide a la justicia peruana que los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, junto a otros exfuncionarios, indemnicen al Estado con un total de 181 millones de dólares. Esta suma es en concepto de reparación civil por su implicación en irregularidades durante la adjudicación del proyecto Trasvase Olmos a la constructora brasileña Odebrecht.

Este requerimiento fue acogido por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el cual impone a Toledo y Kuczynski que, de ser encontrados culpables de colusión agravada y organización criminal, desembolsen montos específicos que suman más de 23 millones de dólares entre ambos.

Por su parte, Ollanta Humala enfrentaría una compensación de casi 18 millones de dólares si se le halla responsable de los mismos delitos. La implicación de estos líderes políticos y otros funcionarios públicos en actos de corrupción evidencia un extenso esquema de sobornos y malas prácticas en la concesión de contratos estatales a empresas privadas.

Entre los otros implicados se encuentran Yehude Simón, ex presidente regional de Lambayeque y jefe de la PCM durante la gestión de Alan García, así como los exministros Alonso Segura y Luis Miguel Castilla. Este proceso judicial representa una de las múltiples aristas del caso Lava Jato en Perú, uno de los escándalos de corrupción más grandes de América Latina, que ha puesto en jaque a numerosos gobiernos y empresas en la región. La medida busca recuperar fondos públicos presumiblemente malversados.