Peligra el patrimonio histórico de Trujillo: 30 casonas declaradas monumentos con riesgo de colapsar

En la ciudad de Trujillo, capital de La Libertad, hay aproximadamente 30 casonas, de aproximadamente 230 existentes, que han sido catalogadas como de alto riesgo, por lo que podrían colapsar. De esta cifra, siete de ellas se encuentra entre los casos más graves.

De acuerdo con David Calderón, director de la Dirección Desconcertada de Cultura de la región, cuando el Ministerio de Cultura (Mincul) intenta contactar con los dueños de los predios, usualmente encuentran que la mayoría vive en otro país y que solo ‘guardianes’ cuidan las casas. “Ellos no se toman ni el tiempo de venir ni la molestia de valorar lo que nosotros hacemos”, dijo en entrevista con TV Perú.

“Hacemos un levantamiento de la información y luego invitamos a los propietarios para poder darles una orientación de cómo debe hacerse el tratamiento de la remodelación, del apuntalamiento, de la restructuración de lo que tenga que hacerse. Hasta ahí es nuestro trabajo: prevenir. Nosotros no podemos invertir porque aparte que no tenemos, mientras existan propietarios, es propiedad privada, y los que tienen que invertir son los propios dueños”, explicó.

Calderón sostiene que hay ocasiones en que los propietarios se justifican en problemas económicos para no llevar a cabo las obras de recuperación necesarias. Sin embargo, afirma que siempre tendrán el apoyo del Ministerio de Cultura.

“Las orientaciones que nosotros hacemos son gratuitas, no cobramos. Cuando ya el dueño comienza a hacer el trabajo, nosotros hacemos una supervisión. Esta consiste en que no haya alternaciones a la historia, cómo ha sido la casa y tiene que terminar cómo la casa se ha construido”, detalló.

Además, dijo que entregan trípticos y dípticos sobre la condición en que se encuentra la casa. “Algunos hacen conciencia, pero siempre aducen que no tienen dinero. Acá el Estado tampoco ha destinado un presupuesto porque son propiedades privadas, no puedes invertir en una propiedad privada”, mencionó.

Caso contrario fue el de una casona ubicada en la cuadra cinco de la avenida Independencia, donde las personas a cargo han pedido asesoría de la cartera. “Acá todos los días viene la arquitecta a ver que se está haciendo y que se conserve”, manifiesta el funcionario.

Por otro lado, indicó que solo se puede hacer ampliaciones al interior de la vivienda, pero siempre y cuando la municipalidad haya hecho una supervisión y autorizado la obra.

En Cusco, una inspección reciente realizada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco ha determinado que existe un riesgo patrimonial en al menos 20 casonas históricas, dentro de un análisis de 600 edificaciones. Además, se ha identificado que aproximadamente 100 de estas necesitan mantenimiento urgente para evitar el deterioro de su estado.

Estas estructuras, parte esencial del Centro Histórico del departamento, enfrentan un alto peligro de derrumbe, situación que se agrava por las intensas lluvias que afectan la región.

El director de la DDC Cusco, Guido Bayro Orellana, reveló que algunos propietarios han sido notificados sobre la necesidad de realizar trabajos de restauración en sus propiedades para preservarlas. No obstante, la respuesta ha sido limitada. La institución ha brindado asesoramiento para las labores de mantenimiento, pero enfrenta restricciones al no poder aportar recursos financieros directamente para la restauración de estos predios, que son de carácter particular.

Bayro Orellana sugirió la creación de un fondo nacional dirigido a facilitar préstamos sin interés destinados a la restauración patrimonial, aunque esto requeriría de una nueva legislación.

La problemática se extiende al caso del hotel Sheraton del Cusco, construido en una zona de valor arqueológico, cuya demolición ha sido ordenada por el Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco mediante la resolución judicial 143.

Esta decisión establece un plazo de 30 días hábiles para que la DDC Cusco y la Municipalidad Provincial de Cusco (MPC) elaboren un informe técnico que detalle el proceso y los costos derivados de la demolición y restitución del patrimonio afectado.