El Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Río Santiago, en la región de Amazonas, decretó una detención preliminar de siete días para tres agentes policiales, acusados de participación en actividades de minería ilegal que perjudican al Estado.
Los individuos en cuestión son Alex Iván Maco Vilcherrez, Issac Rosillo Palacios y Richard Armando Rengifo Pérez, quienes fueron aprehendidos el 18 de abril por la comunidad de Villa Gonzalo mientras presuntamente protegían embarcaciones de mineros ilegales en el río Santiago, en la provincia de Condorcanqui. Según el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), al ser descubiertos, los agentes policiales habrían arrojado sus armas al agua.
El juez Karen Mercedes Huamán Culqui ha emitido la misma medida para Eduardo Vega Abarca (de nacionalidad ecuatoriana), Wilman Ramos Papa (también ecuatoriano), Edgar Robles Guevara (también ecuatoriano), Brandon Flores Silvera (también ecuatoriano), Milton Flores Dávalos (también ecuatoriano) y Abraham Rosillo Abad (de nacionalidad peruana).
Andrés Noningo, consejero del Gobierno wampís, señaló que si el Estado peruano no interviene es posible que ocurra otro ‘baguazo’.
“Estamos tensos. Si ellos no hacen nada, va a pasar algo peor que el ‘baguazo’, porque si entramos en conflicto esas gentes extrañas no podrán regresar y si regresan serán cadáver. Ese es el peligro, podemos entrar en ese nivel”, añadió.
Cabe resaltar que el 18 de abril, líderes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís retuvieron a tres oficiales de la Policía Nacional del Perú, acusados de supuestamente colaborar con actividades de minería ilegal en el río Santiago, en la región de Amazonas.
En respuesta a este incidente, los representantes wampís solicitaron la intervención directa del Ministerio del Interior para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y aplicar sanciones a los responsables.
Teófilo Kukush Pati, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), condenó enérgicamente el incidente, describiéndolo como un serio caso de corrupción que no solo daña la reputación de la Policía Nacional del Perú, sino que también transgrede las leyes ambientales del país.
A pesar de los repetidos llamamientos a las autoridades para intervenir, el despliegue policial en el río Cenepa no ha logrado detener la propagación de estas actividades ilícitas, que representan una amenaza para su territorio y la seguridad de al menos 10 comunidades indígenas en las cuencas del río Santiago, tanto en las áreas bajas como altas.
Para hacer frente a esta problemática de manera autónoma, la comunidad ha organizado lo que han llamado el “Ejército Verde”, integrado por vigilantes indígenas. Desde el 13 de febrero, estos vigilantes han estado tomando medidas, como la confiscación de embarcaciones y equipos utilizados para la minería, con el fin de abordar este problema.
De acuerdo con los testimonios, esta situación ha dado lugar a una serie de consecuencias negativas que van más allá de la violencia, e incluyen amenazas, enfrentamientos y abusos sexuales dirigidos contra mujeres y menores en las comunidades afectadas
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