Congreso busca la adopción desde el vientre materno en embarazos ‘no deseados’, a pesar de la larga lista de menores que aguardan por una familia

En el Congreso de la República existe un proyecto de ley 7349, el cual busca la adopción desde el vientre materno en casos de embarazos ‘no planeados’. Sin embargo, no se toma en cuenta las cifras de menores de edad en estado de vulnerabilidad que esperan ser adoptados y tampoco que una mirada a las niñas que son forzadas a continuar con un embarazo, a pesar de ser riesgoso para su salud física y mental.

La autora de esta iniciativa legislativa es la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo; y tiene como coautores a sus colegas Miguel Ángel Ciccia, José Cueto, Noelia Herrera, Jorge Montoya, Alejandro Muñante, Jorge Zeballos, Diego Bazán, Luis Bazán, Esdras Medina, Katy Ugarte, Carlos Zeballos, Roberto Chiabra, Lady Camones, Jeny López, Mery Infantes, Raúl Huamán y Lucinda Vásquez.

Jáuregui también es presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, donde actualmente se encuentra el proyecto. En el documento, se señala que tiene como finalidad reducir los casos de abortos clandestinos, por lo que sería “una alternativa” para que inicien un proceso de adopción al concebido.

Liz Meléndez, directora ejecutiva del CMP Flora Tristán, precisa que este proyecto pretende restringir la autonomía reproductiva de mujeres y niñas. Además, sostiene que se “ponen barreras” a los derechos reproductivos y la libertad personal, especialmente en lo que respecta a la capacidad de decisión frente a embarazos no deseados.

La especialista enfatiza en la preocupante realidad de los embarazos no deseados y las gestaciones forzosas a nivel nacional, especialmente, en el interior del país, donde niñas fueron obligadas a continuar con su gestación y fallecieron. La gravedad de esta situación subraya la necesidad de abordar el tema con políticas públicas inclusivas que protejan la salud y bienestar de las personas, especialmente de las más vulnerables.

A través de Transparencia, Infobae Perú solicitó a la Dirección de Adopciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) información estadística de cuántos de niñas, niños y adolescentes, en situación de desprotección familiar, se encuentran en situación de adoptabilidad. Estos datos corresponden a los últimos cinco años, desde el 2019 hasta el 26 de marzo del presente año.

El siguiente gráfico muestra el número de niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en desprotección familiar y adoptabilidad que se encuentran en espera de ser adoptados. Estos NNA forman el Registro de Adopciones Especiales y está conformado por niñas y niños mayores de seis años, con problemas de salud, con discapacidad, integran un grupo de hermanos o son adolescentes.

En total, existen 333 menores que se encuentran a la espera de formar una familia. No obstante, esta información no fue considerada en el proyecto de ley presentado por la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia.

Para la directora ejecutiva del CMP Flora Tristán las adopciones en un tema importante que también se debe poner en discusión para agilizar y fortalecer los procesos. Sin embargo, considera que este proyecto no busca salvaguardar el bienestar de estos menores o promover las opciones.

Además, existen familias idóneas que aún esperan este proceso de adopción, de las cuales 185 residen en el Perú y el 69 en el extranjero.

Jáuregui siempre se ha mostrado en contra de la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y población vulnerables con diversas propuestas legislativas. Este proyecto resultaría contraproducente para los menores que están en espera de adopción, debido a que no parecen brindar solución para la amplia cifra de niños que aguardan por una familia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado la necesidad de proteger la salud de niñas, adolescentes y mujeres en la atención de los abortos inseguros. Es así como refieren la importancia de la eliminación de los obstáculos normativos que facilitan que este sea seguro.

Desde el punto médico, señalan la eliminación de barreras normativas que no son necesarias. Estas incluyen la despenalización del aborto, la supresión de períodos de espera obligatorios, la eliminación del requisito de aprobación por terceros, como familiares o la pareja, y la flexibilización de los límites temporales durante los cuales se puede realizar un aborto.

Esta medida busca reducir los riesgos asociados con abortos no seguros, los cuales pueden resultar en complicaciones graves para la salud de mujeres y adolescentes.

“Entonces, claramente, es un proyecto que tiene la finalidad de no de reducir los abortos clandestinos, sino que tiene la finalidad de prohibir el que las mujeres puedan tomar una decisión o el que se facilite a las niñas que han sido violentadas sexualmente a tomar una decisión”, señala.

En el Perú, los casos de ‘Camila’ y ‘Mila’ fueron los que se conoció de manera pública y evidenció la poca respuesta del Estado peruano, a pesar de las medidas que ordenó el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el país solo está legalizado el aborto terapéutico, pero existen muchas barreras para que las niñas y mujeres accedan a ella.