El ministro de Educación, Morgan Quero, anunció este viernes una medida contundente: la separación de 80 auxiliares de por la falsificación de documentos para ser contratados. Esta acción se suma a la desvinculación de un número significativo de docentes con sentencias por terrorismo y otros delitos graves.
Durante una rueda de prensa, el titular del Minedu detalló que los comprometidos, pertenecientes a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 6, habían presentado constancias inventadas para certificar competencias no adquiridas, con el objetivo de obtener y mantener sus cargos dentro del sistema educativo.
“Estamos separando en estos momentos a 80 auxiliares de educación, de la UGEL 6, que han fraguado documentos y que habían aprovechado esta situación para mantenerse y cobrar en estos cargos”, manifestó.
Morgan Quero Gaime señaló que “esta es una medida que nos permitirá sincerar y sanear nuestra plana docente (...) para trabajar con probidad y con rectitud”.
Además, el ministro explicó que continuarán con esta vigilancia en diferentes instituciones. “Estamos haciéndolo en colegios privados y estatales, con supervisiones inopinadas. Tenemos que cuidar a nuestros escolares y asegurarnos que estudien en lugares seguros”, añadió.
“Estamos haciéndolo en colegios privados y estatales, con supervisiones inopinadas. Tenemos que cuidar a nuestros escolares y asegurarnos que estudien en lugares seguros”, detalló.
De otro lado, el esfuerzo por sanear el sector no se detiene en los auxiliares. El ministro reveló la detección de 85 profesores, también en la zona de Lima, involucrados en delitos como terrorismo, acoso sexual y homicidio.
“Ahora no vamos a dar los nombres de las instituciones privadas porque no queremos generar ninguna preocupación, pero hemos actuado de manera muy firme para resolver y atender esta situación”, explicó la autoridad.
De la misma forma, el ministro explicó que el proceso de separación de estos profesionales de la educación es coordinado estrechamente con las Direcciones Regionales de Educación y la UGEL de cada región.
También detalló que estas medidas se toman conforme a lo dispuesto por la ley 29988, la cual dicta acciones excepcionales dirigidas al personal que labora en instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que estén involucrados en crímenes de terrorismo, apología al terrorismo, violaciones a la libertad sexual, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, entre otros delitos.
Sanciones para profesores que promuevan terrorismo
Los profesores de cualquier institución educativa enfrentarían sentencias de prisión de 12 a 20 años por cometer el ilícito de hacer apología al terrorismo al usar los espacios educativos para glorificar a individuos sentenciados por estos actos o la labor de grupos terroristas.
El magistrado provisional del Supremo, Ricardo Brousset Salas, indicó además que se impondrán castigos de 12 a 20 años de encarcelamiento a quienes motiven a otro individuo a participar en estas acciones.
“(Este hecho) nos sitúa en la posibilidad de que un docente realice capacitación o adoctrinamiento, los cuales son considerados apología al terrorismo y sancionado con una pena no menor de 20 años”, explicó para El Peruano.
En cuanto a las sanciones disciplinarias, el magistrado aclaró que, si bien el delito de hacer apología al terrorismo no se limita únicamente a los educadores, los docentes que resulten condenados por esta falta incurrirán en consecuencias administrativas, incluyendo el veto a ejercer nuevamente la docencia o a ocupar cualquier cargo en el sector público.
“Esa persona luego de cumplir su pena no puede ingresar o reingresar al servicio docente o algún cargo público, hay una sanción administrativa. Esto también ocurre con los condenados por delito de violación sexual, feminicidios, entre otros”, mencionó el dicha oportunidad.
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