La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preparatoria por la muerte de dos jóvenes en la sede de McDonald’s del distrito de Pueblo Libre, una tragedia que enlutó a las familias en diciembre de 2019, según un informe difundido este miércoles por Canal N.
El deceso de Carlos Gabriel Campos Zapata (19) y Alexandra Antonella Porras Inga (18), producto de una descarga eléctrica mientras limpiaban el local, desencadenó una fuerte indignación en el país y puso bajo la lupa a una de las cadenas de comida rápida más exitosas del mundo.
En su inicial declaración mencionada a los medios, la compañía Arcos Dorados, encargada de la franquicia en Perú, describió el suceso como “un accidente”, pero posteriormente manifestó que “no estaba “en posición de brindar detalles” de lo ocurrido al alegar que seguía su curso en el fuero fiscal.
“Durante todo este tiempo ha habido una investigación [preliminar] en la que se ha llegado a establecer que hay un homicidio y una violación a la libertad del trabajo en la modalidad de inobservancia en las normas de seguridad en el trabajo”, dijo a Canal N el abogado de una de las víctimas, José Ocampo.
Según el documento fiscal, uno de los argumentos es que 28 horas antes de la tragedia, los jóvenes habían informado a los administradores de la tienda que una de las máquinas desprendía electricidad, pero no se tomaron las medidas adecuadas. “Dentro del grupo de administradores de la tienda, en WhatsApp, [...] se puso en conocimiento de que la máquina expendedora de gaseosas tenía una fuga de corriente eléctrica. Sin embargo, se preocuparon más por otros temas”, dijo el letrado.
Agregó que las víctimas y sus compañeros de trabajo no contaban con los implementos de seguridad necesarios para evitar cualquier riesgo. “En este caso, lamentablemente, los chicos no tenían guantes, no tenían uniformes, no tenían los zapatos adecuados y esa razón es la que causó la muerte”, señaló.
La pesquisa del Ministerio Público se extiende sobre ocho implicados por el posible delito de homicidio simple vinculado a la violación de las normativas laborales. El padre de la joven manifestó su firme intención de buscar justicia para ella y su compañero. “Le prometí que lucharía y así lo haré”, dijo a la televisora.
Alexandra, única hija con aspiraciones de convertirse en abogada, y Gabriel, quien quería ser fisioterapeuta, trabajaban en el McDonald’s con el objetivo de financiar sus estudios universitarios, pero sus condiciones laborales distaban de ser las adecuadas: por ejemplo, según el testimonio de sus familias, estaban sometidos a jornadas laborales de hasta 12 horas, cuando el límite legal es de ocho.
Además de la Fiscalía, el caso fue asumido por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y como gesto de luto, todas las sucursales de McDonald’s en el país permanecieron cerradas durante dos días mientras se realizaba un plantón de protesta en uno de sus locales más concurridos de la marca.
“Trabajo precario mata”, “Empleos de M”, “McMuerte”, decían algunas de las pancartas que alzaban los manifestantes. En el cementerio Parque del Recuerdo del Callao, lejos del local de Pueblo Libre donde encontraron un trágico final mientras trabajaban, yacen las tumbas de los jóvenes, situadas una junto a la otra bajo el tenue resguardo de tres árboles.
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