La Fiscalía de la Nación anunció este miércoles que ha interpuesto una denuncia constitucional contra la congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz, por presunta concusión y colusión agravada. La indagación se abrió luego de que el dominical Punto Final reveló testimonios sobre contrataciones irregulares y recortes de sueldos de sus empleados en su despacho del Congreso.
Un extrabajador contó que le pedían un aporte de S/1.500 cada mes si deseaba permanecer laborando en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia. Según el denunciante, el asesor principal de la legisladora, Johnny Romero Nima, era el responsable de recolectar estos aportes.
El área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del organismo detalló que esta denuncia es la razón por la que ahora la investigan por el delito de concusión.
En cuanto al delito de colusión agravada, la Fiscalía mencionó la contratación en el despacho de Ruiz de Camila Melissa Mantilla Heredia, quien era pareja sentimental de su hijo Jeffrey Marrufo. Mantilla fue contratada de febrero de 2022 a marzo de 2023. Aunque presentó un currículum vitae, se descubrió que había declarado información falsa sobre su experiencia laboral.
Por otro lado, se informó que el pasado 11 de abril se iniciaron diligencias preliminares contra Magaly Ruiz, Richard David Rojas Gómez y Alex Junior Rojas Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.
El mismo medio reveló que la congresista habría negociado con el fiscal de lavado de activos Richard Rojas para enviar al archivo la investigación fiscal en su contra.
El colaborador eficaz contó que la legisladora se reunió con el fiscal y su hermano, Alex Rojas, el pasado 10 de marzo de 2023, en la casa de Ruiz.
“Richard David Rojas Gómez indicó bueno, he revisado el caso, de lo que tengo periodísticamente, tenemos que esperar las notificaciones de fiscalía para ver qué fiscal va a asumir el caso, yo me puedo encargar de buscar quién es el fiscal y con base en eso podemos tener una línea más clara de lo que se nos viene en el proceso”, detalló.
Para enviar al archivo la investigación, el fiscal habría pedido un pago en dólares y la contratación de sus dos hermanos en el Congreso. La respuesta de la congresista fue negativa, pero presentó otras opciones.
“Es imposible contratar a dos familiares en un mismo despacho, además es difícil que su hermano asuma la responsabilidad de la asesoría del despacho, pero le doy la opción de ser técnico del despacho”, habría respondido.
Luego, el hermano del fiscal habría insistido en ser contratado como asesor principal, a lo que la congresista contestó que eso sería imposible.
“Bueno, si va a ser asesor II y mi otro hermano no va a ser contratado, se me tiene que reconocer mi trabajo de gestión en el proceso, además que se deberá pagar los requerimientos de gestión que se necesiten internamente”, habría respondido el fiscal.
“Está bien, me indica cuánto es el efectivo en soles”, le habría dicho la congresista. Sin embargo, el fiscal habría concluido con esta afirmación: ‘No, en soles no, todo es en verdes’”.
La reunión concluyó alrededor de las 4:30 p. m. Al mes siguiente, Alex Rojas fue designado en el puesto de confianza de asesor II con un salario mensual de S/ 9 mil en la oficina de la congresista. A pesar de los intentos de Latina por contactar a la parlamentaria y a los involucrados para recabar sus comentarios sobre las acusaciones, no se obtuvo respuesta.
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