![Piero Corvetto y Carmen Velarde buscan continuar en el cargo 4 años más. Foto: JNJ](https://www.infobae.com/new-resizer/YralmNYM4TAFXEFf2rNu2TdU8r8=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NO35XB3NDJDUBCZX4BMG5WVIDI.jpg 420w)
El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluará el viernes 3 de mayo si ratifica por un periodo de 4 años más a Piero Corvetto y Carmen Velarde como jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), respectivamente.
Los miembros de la JNJ podrán formular preguntas a Corvetto y Velarde sobre aspectos relacionados a sus gestiones al frente de los organismos que junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) conforman el Sistema Electoral peruano.
Luego de ello, los consejeros procederán a deliberar para decidir si extienden el mandato de los jefes de la ONPE y Reniec. Para ello se requiere de dos tercios del número legal de miembros de la JNJ, es decir, 5 votos.
En caso de que uno o ambos funcionarios no sean ratificados, la JNJ procederá a convocar a concurso público para cubrir una o ambas plazas. Los mandatos de Corvetto Salinas y Velarde Koechlin vence el 31 de agosto de este año.
![El Pleno de la Junta Nacional de Justicia.](https://www.infobae.com/new-resizer/o54mAqa7lrg8rTIyGDelSCS-LJM=/420x187/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3AEUFALNS5CIRONE4TYM2JDJRQ.jpg 420w)
Informes individuales
Este jueves 25 de abril, la Comisión de Evaluación y Ratificación, que preside Marco Falconí, publicó los informes individuales de la documentación presentada por Piero Corvetto y Carmen Velarde.
Según las bases de la ratificación, los funcionarios tenían que informar:
- Si ha sido sancionado o es procesado por imputársele responsabilidad penal, civil o disciplinaria, precisando, de ser el caso, la sanción aplicada, el motivo y la autoridad que la aplicó, así se encuentre rehabilitado.
- Si sigue o ha seguido algún proceso judicial como demandante, denunciante o agraviado, en la jurisdicción interna o en la supranacional, precisando los datos correspondientes, de ser el caso.
- Si ha sido demandado, denunciado o procesado en la jurisdicción interna o en la supranacional, precisando los datos correspondientes, de ser el caso.
- Si tiene parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo por afinidad o por razón de matrimonio con trabajadores o funcionarios que laboren o hayan laborado en la entidad de la que es titular durante el periodo en el que ha desempeñado el cargo.
La Comisión de Evaluación y Ratificación califica dicha información con indicadores como “bueno”, “aceptable” y “excelente”.
Congreso arremete contra Sistema Electoral.
En la sesión del martes 9 de abril, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen que permite que los titulares del JNE, la ONPE y el Reniec puedan ser sometidos a un juicio político. La medida, aprobada con 16 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones, tiene como objetivo otorgar antejuicio político a estas figuras, exponiéndolas a posibles acusaciones constitucionales.
Esta iniciativa surgió en un contexto donde se cuestiona la independencia y la imparcialidad de las autoridades electorales del país, argumentando la necesidad de sujetarlas al mismo escrutinio que el resto de los funcionarios públicos para asegurar un equilibrio en los poderes del Estado. Las bancadas políticas a favor de esta medida incluyen Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú, Unidad y Diálogo, y Acción Popular.
A pesar de la intención declarada de equilibrar los poderes, críticos de la medida advierten sobre el riesgo de intimidación hacia los miembros de estas instituciones técnicas, esenciales para la organización de elecciones libres y justas. Recordando que las mismas son fundamentales para la selección de autoridades a nivel ejecutivo y legislativo en elecciones generales, regionales y distritales. La propuesta ha suscitado preocupaciones sobre la posible politización del sistema electoral y el debilitamiento de su autonomía e independencia.