Gobierno aprueba flexibilizar normas ambientales para no ser obstáculo de iniciativas privadas

Tras la sesión del Consejo de Ministros, el premier Gustavo Adrianzén, anunció este miércoles 24 de abril la aprobación de cambios que debilitan la protección ambiental para el Perú, con el fin de facilitar el desarrollo de iniciativas privadas.

Este ajuste normativo modifica el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y busca principalmente reducir los tiempos y costos asociados a las evaluaciones de impacto ambiental para el sector empresarial.

El presidente del Consejo de Ministros subrayó la relevancia de este cambio en la reglamentación, enfatizando en el beneficio significativo que representa para la desburocratización de los procesos empresariales: “Con relación a la modificación al reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, las noticias son espléndidas, el número de días que hoy se va a utilizar para estos procedimientos es significativamente menor al que actualmente existe”.

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, especificó que la modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental va a “establecer un plazo para el proyecto más complejo de 150 días hábiles, es decir, que aproximadamente en 8 o 9 meses debe aprobarse ese estudio”

“Hoy estamos aprobando un estudio de impacto ambiental entre tres a cinco años, eso nos vuelve un país no competitivo frente a los demás países de América Latina que tienen nuestro mismo sistema”, indicó.

En Perú, recientes modificaciones normativas han suscitado preocupación por potencialmente debilitar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entidad crucial para la prevención de efectos adversos en el medio ambiente. Un informe divulgado por Ojo Público indicó que los Ministerios del Ambiente y de Energía y Minas han promovido cambios legislativos que podrían reducir la eficacia del SEIA.

Estas modificaciones incluyen tres decretos supremos y dos propuestas de normativa lanzadas desde 2023, orientadas a alterar los procedimientos de evaluación ambiental en el país andino.

Analistas y ambientalistas expresan su preocupación por el impacto que estas normativas podrían tener en la preservación de los ecosistemas peruanos y en la salud pública. Argumentan que una evaluación ambiental rigurosa es fundamental para prever y mitigar posibles daños ambientales, especialmente en un país con una biodiversidad tan rica y variada como Perú.

La PCM ha oficializado la designación del Mar Tropical de Grau como Reserva Nacional, culminación de un proceso esperado durante una década. Esta nueva área protegida, que se extiende por 115,676 hectáreas en el norte de Perú, comprende regiones marinas cruciales para la biodiversidad entre Piura y Tumbes, incluyendo los arrecifes de Punta Sal, Cabo Blanco – El Ñuro, la Isla Foca y el Banco de Máncora.

Este significativo logro ambiental busca salvaguardar un ecosistema que alberga el 70% de las especies marinas del país, en un espacio que representa menos del 0,1 % del total del mar peruano.

La importancia de esta declaración radica no solo en la protección de la biodiversidad marina, sino también en la preservación de un área crucial para la investigación científica y el sustento de las comunidades locales. Las zonas incluidas en la Reserva Nacional son vitales para numerosas especies, algunas de las cuales enfrentan riesgos de extinción o son clave para la pesca artesanal.