El Poder Judicial fijó para este lunes 29 de abril, a las 11:00 horas, una audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de liderar una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias en la cúpula de esta institución.
La solicitud, emanada de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, busca restringir la movilidad internacional de la magistrada. La decisión está en manos del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que tiene una grama de pruebas que implican a la magistrada, según un comunicado difundido en la víspera.
“El requerimiento fiscal se sustenta en el peligro procesal por la probable pertenencia a la organización criminal de la investigada, que ha sido respaldado con numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial”, se lee en la nota del Ministerio Público.
El pedido se hizo público al término de la operación “Valkiria XI”, que hasta el momento dio como resultado la detención preliminar de 7 personas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros, además de 21 viviendas allanadas.
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La intervención, realizada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficoop) con apoyo de 23 fiscales y más de 100 policías, fue realizada en el marco de las investigaciones a cargo del fiscal Christian Niño contra Jaime Villanueva, Miguel Girao Isidro, José Luis Castillo y Alva y otros, vinculados con Benavides.
El abogado Jorge del Castillo, defensa legal de la exfiscal, se enteró de la solicitud de prohibición de salida para su patrocinada cuando brindaba una entrevista en vivo para Exitosa. “Bueno, está bien, ¿qué problema va a haber con eso? Ella no se ha ido a ninguna parte ni siquiera. Estamos pendientes de dos resoluciones, una del Tribunal Constitucional y de la JNJ. Hay una tercera de la Corte Suprema”, dijo.
A fines de noviembre pasado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un proceso disciplinario inmediato a la magistrada por la investigación que le sigue el Eficcop a raíz de la denuncia de una supuesta red de tráfico de influencias que presuntamente encabeza.
Según la hipótesis del Ministerio Público, esta estructura habría logrado posicionarse en la cima del sistema penal mediante tácticas que les permitían sortear las leyes y evitar sanciones. Los exasesores de Benavides son acusados de ejercer presión indebida sobre legisladores para promover la destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien era principal candidata a sucederla en caso de ser destituida.
Acusaciones
La tesis alega también que esta organización intentó influir en la designación del defensor del Pueblo y en la remoción de integrantes de la JNJ en un esfuerzo por asegurar la permanencia de la exfiscal general, unos señalamientos que ella ha negado.
“Rechazo la burda maniobra, evidentemente concertada, de montar un psicosocial con fiscales y policías para impresionar a las autoridades y a la opinión pública, buscando forzar mi injusta destitución a pesar de la inexistencia de pruebas en mi contra”, dijo en un clip enviado a la prensa mientras se ejecutaba la operación.
La semana pasada, Benavides afirmó que es víctima “de una arbitrariedad” motivada “por intereses políticos” que, según dijo, ha llevado a la JNJ a plantear su destitución definitiva. El procedimiento disciplinario fue abierto por la remoción de fiscales que investigaban el caso de corrupción en los tribunales del Callao, denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Además, por su presunta interferencia en una investigación fiscal que se sigue contra una de sus hermanas, la jueza Enma Benavides, cuestionada por la presunta liberación de sentenciados por delitos graves, entre ellos narcotráfico.
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