El Estado peruano ha incumplido con proteger los derechos de los ciudadanos. Un reciente informe de Amnistía Internacional ha documentado los retrocesos en esta materia durante el año 2023. La organización evaluó la situación en 155 países, y en Perú destacó una debilitación de sus instituciones encargadas de asegurar el acceso a la justicia en el país, como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Amnistía destacó la preocupante liberación de Alberto Fujimori, una acción que contradice directamente las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que representa un peligroso precedente para el acceso a la justicia por parte de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
En detalle, el informe también reveló que la respuesta del gobierno ante la muerte de 50 personas, víctimas de represión estatal, durante las protestas de diciembre 2022 a marzo 2023, ha sido insuficiente, por no asignarse responsabilidades, dejando un vacío en la búsqueda de justicia para las víctimas.
“Los cuerpos de seguridad del Estado emplearon la fuerza ilegítima con un sesgo racista, especialmente contra población con identidad mayoritariamente indígena y proveniente de comunidades campesinas. (...) al menos 20 posibles casos de víctimas fatales cumplirían con las características de ejecuciones extrajudiciales”, se lee en el infome.
Defensores ambientales asesinados
Este escenario se agrava con el incremento de la violencia contra los defensores del medioambiente en Perú, asesinados y víctimas de agresiones en medio de su lucha por proteger el territorio. “La impunidad persistió en la mayoría de homicidios de personas defensoras”, resalta Amnistía. En 2023, cuatro defensores perdieron la vida, un reflejo de la falta de protección estatal
- Cristino Melchor Flores, defensor del derecho a la tierra (Piura)
- Santiago Contoricón, líder indígena de la etnia asháninka (Junín)
- Quinto Inuma, líder indígena kichwa (San Martín), quien contaba con medidas de protección desde 2021
- Benjamín Flores, miembro de la comunidad indígena kakataibo
Aumentaron las mujeres desaparecidas, los feminicidios y embarazos forzados en niñas
Asimismo, la organización internacional denunció un alarmante número de feminicidios y partos en niñas menores de 15 años, alertando sobre un retroceso en políticas de igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “En 2023, 170 mujeres fueron víctimas de feminicidio, un incremento de 16% con respecto a 2022. Además, se registraron 258 tentativas de feminicidio. La desaparición de mujeres continuó siendo un problema grave”, documenta el informe.
Los discursos que buscan socavar los derechos de las mujeres y niñas, según Amnistía, no solo persisten, sino que se han fortalecido, incluso desde entidades estatales.
“El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 142,182 casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes durante el año, un crecimiento de 7% con respecto a 2022. Un total de 28,991 fueron casos de violencia sexual contra mujeres y niñas (...) Según el Ministerio del Interior, se denunció la desaparición de 10,817 mujeres y niñas, cifra que representa el 59% del total de personas desaparecidas”
La violencia y la discriminación hacia la comunidad LGTBI también fueron foco de preocupación, destacando el asesinato de ocho personas transgénero en 2023, considerados potenciales crímenes de odio. A pesar de la gravedad de estos actos, no se ha establecido un registro oficial de este tipo de delitos en el país.
“En 2023, las organizaciones de personas LGBTI denunciaron los asesinatos de al menos ocho personas transgénero que pueden considerarse delitos de odio. Pese a ello, no existe aún un registro oficial de este tipo de crímenes”
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