Patricia Benavides acudió a un agente de la Diviac para que informe a su favor ante la JNJ en caso Cuellos Blancos

La ejecución del Operativo Valkiria XI desplegado por la Fiscalía de la Nación en contra de un total de siete personas y unos 21 inmuebles, ha revelado un capítulo más del caso ‘La Fiscal y su Cúpula en el Poder’. Esta vez, los hechos delictivos que implican a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la muestran como una funcionaria que hacía uso del cargo para nombrar y cambiar fiscales en Equipos Especiales y emblemáticos, a cambio de salir eximida de las investigaciones en su contra. Una de estas negociaciones están relacionadas con su implicancia en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ por el que la JNJ también la investiga.

Según la resolución fiscal a la que Infobae Perú tuvo acceso, Benavides habría recurrido a “acuerdos criminales” con personajes como el exmilitante aprista Jorge Luis Castillo Alva por medio de un nuevo abogado en la sombra, el letrado Jefferson Moreno Nieves, para poder salir bien librada en las investigaciones que la Junta Nacional de Justicia tenía contra ella. Para lograr su cometido, Benavides incluso se sirvió de un policía clave en el Equipo Especial Cuellos Blancos que, en coordinación con Castillo Alva, la dejaría bien parada ante las pesquisas de la JNJ.

El inicio de estas coordinaciones se remonta al año 2020; cuando el entonces teniente, y posteriormente capitán PNP Jorge Jhonatan Rodríguez Menacho elaboró un informe llamado “Análisis de Vinculación de llamadas de la Carta Entel SDI-7043/19 de fecha 24 de diciembre de 2019″. Este documento detallaba la existencia de un vínculo existente ente la entonces fiscal Patricia Benavides y Edwin Antonio Camayo Valverde; uno de los principales implicados en el escándalo de jueces que propició la caída del Consejo Nacional de la Magistratura.

En el informe elaborado por Rodríguez Menacho, se habían evidenciado no solo registros entre la ahora suspendida fiscal de la Nación, sino también contra su hermana, la jueza Enma Benavides, quien tenía registros de llamadas con Edwin Oviedo Pichotito. Es decir, ambas hermanas tenían registros de conversaciones con jueces señalados como corruptos por este caso.

Una vez a cargo del Ministerio Público, luego de que el exfiscal Víctor Cubas Villanueva denunciara públicamente el peligroso vínculo de las hermanas Benavides Vargas, la JNJ designó a Inés Tello de Ñecco para investigarla; motivo por el que requirió el informe de Rodríguez Menacho solicitando “las actas de comunicaciones entre Liz Patricia Benavides Vargas y Antonio Camayo Valverde”.

Al estar notificado de estos requerimientos, surge en la trama del Ministerio Público Jorge Luis Castillo Alva y su esposa Mirtha Gonzáles Yep. Según la resolución fiscal, Mirtha Gonzáles había conseguido acercarse a Jorge Rodríguez; y para cuando Tello de Ñecco le solicitó el reporte de las actas que este elaboró, el coronel se contactó con Gonzáles Yep a fin de obtener un beneficio para los tres —incluido Castillo Alva— por parte de la fiscal Patricia Benavides.

Según la resolución, tras conocer de la importancia que Rodríguez Menacho tenía para la investigación contra Benavides Vargas en la JNJ, “Jorge Luis Castillo Alva advirtió que podía obtener un beneficio ilícito en la Carpeta Fiscal N° 09-2019; investigación que en dicho momento se encontraba a cargo del fiscal provincial Juan Carlos Cabrera Zegovia del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales abocados a investigar el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ —donde se encuentra en calidad de investigado por su presunta pertenencia a la organización criminal”.

Con esta idea, Castillo Alva se acercó a un revelador personaje que hasta la fecha no se conocía, el abogado Jefferson Moreno Nieves, quien ejerció desde el 2022 la labor de abogado en la sombra ad honorem de Patricia Benavides. Tras este acercamiento, Castillo Alva, Gonzáles Yep y Rodríguez Menacho acordaron en una reunión entre ellos que el beneficio que se le otorgaría a la fiscal sería formular el informe que solicitaba la JNJ.

Eso sí, siempre alegando que sí se habían mantenido comunicaciones; aunque esta información “no sería analizada ni consignada en el Informe policial que formularía el capitán Jorge Rodríguez Menacho; porque solo se limitaría a responder que no existen actas de comunicaciones y, de esa manera, no habría forma de demostrar que se habría incurrido en alguna infracción administrativa”.

Así, Rodríguez Menacho remitió a la JNJ el Informe N°132-2022-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPAPTEC el 09 de noviembre del 2022. En este señaló que “No existen actas de comunicación entre los número telefónicos cuyos titulares serían Edwin Antonio Camayo Valverde y Liz Patricia Benavides Vargas”.

A cambio, lo solicitado por la familia Castillo - Gonzales era que Benavides cumpla con el nombramiento como fiscal provisional en el segundo Despacho de la Tercera Fiscalía Provisional Penal Corporativa de Santa Rosa al abogado Abelardo César Caycho Ramis. Hecho que se dio mediante la resolución firmada por la misma Patricia Benavides.

Esta negociación llegó a trascender a tal punto, que en el Segundo Despacho de Equipo Especial de Fiscales abocados a investigar el caso ‘Los Cuellos Blancos’ la fiscal provincial Magaly Quiroz dispuso iniciar las respectivas investigaciones en contra de “Jhonatan Rodríguez Menacho y otros tres efectivos policiales; por la presunta comisión del delito de organización criminal en agravio del estado peruano, disponiendo el secreto de la investigación, información reservada que José Luis Castillo habría tomado conocimiento”.

En esta parte de las pesquisas, Jaime Villanueva Barreto y Miguel Girao Isidro coordinaron con Castillo Alva y Gonzalez Yep para que Patricia Benavides concluya el nombramiento de la fiscal Magaly Quiroz Caballero. En hechos que incluso implicarían la entrega de una suma de $60 000 dólares previa coordinación con ambos. Las implicancias de Rodríguez Menacho en el caso se dieron a tal punto que la fiscalía de la Nación solicitó la detención del capitán PNP este martes 23 de abril, él es uno de los siete detenidos por el operativo Valkiria XI.