El Departamento de Estado de EE.UU. destacó este lunes una serie de preocupaciones sobre la crisis en derechos en el Perú, donde encontró acusaciones “creíbles” de ejecuciones extrajudiciales, restricciones significativas a la libertad de expresión y prensa, corrupción gubernamental generalizada y una alarmante prevalencia de violencia de género.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, presentó los Informes de Derechos Humanos (HRR) 2023 sobre los países que reciben asistencia estadounidense e integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los textos, según el diplomático, están fundamentados en una diversidad de fuentes fiables y objetivas, que incluyen documentos de agencias gubernamentales, entidades no gubernamentales y medios informativos.
El expediente sobre Perú inicia con el registro de los 49 manifestantes muertos durante los choques con las fuerzas del orden y el “uso letal y desmedido de la fuerza” denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, con severidad particular en regiones de mayoría indígena.
Aunque la presidenta Dina Boluarte fue denunciada por estas muertes durante las protestas que pedían su dimisión, el informe resalta que, hasta el momento, no se han emitido resultados de las pesquisas y “las autoridades ralentizaron deliberadamente las investigaciones para disminuir el interés público en el resultado”.
El documento agrega que la libertad de expresión enfrentó desafíos en un contexto de crecientes denuncias de agresiones contra periodistas, especialmente en la cobertura de las manifestaciones. Varios organismos, incluidos el Colegio Nacional de Periodistas y la Asociación Nacional de Periodistas, registraron un notable aumento en la intimidación hacia la prensa, con 153 ataques contra periodistas desde diciembre de 2022 hasta febrero.
Grupos extremistas como La Resistencia buscaron perturbar las operaciones de medios de comunicación y organizaciones civiles, en ocasiones acosando a periodistas y activistas en sus propios hogares. A su vez, las leyes de difamación y calumnia, que prevén penas de hasta dos años de prisión, contribuyen a la autocensura entre los profesionales de los medios, destaca el informe.
En otro capítulo, el texto detalla que “hubo numerosos informes de corrupción por parte de funcionarios gubernamentales, incluso en los niveles más altos” con el escándalo de Odebrecht, las investigaciones del expresidente Pedro Castillo, la red criminal denunciada en la judicatura y las “prácticas corruptas” en la adjudicación de grandes contratos de infraestructuras de transporte y energía.
El documento también aborda que la violencia de género se mantiene como un problema crítico en el país, donde si bien los centros operados por el Ministerio de la Mujer ofrecen apoyo a las sobrevivientes, su calidad y disponibilidad, especialmente en zonas rurales, son criticadas. También cuestiona la “mínima acción gubernamental” contra el acoso sexual.
En cuanto a los derechos reproductivos, subraya las barreras para acceder al aborto terapéutico, especialmente en zonas rurales y entre la población indígena. Además, encuentra una marcada falta de acceso a productos de salud menstrual en áreas pobres y rurales, y que el embarazo adolescente se erige como un desafío de salud pública, con un porcentaje significativo de niñas gestantes en zonas rurales, donde el acceso a anticonceptivos es limitado y la incidencia de violaciones más alta.
Minorías
El Departamento de Estado de EE.UU. señala que las comunidades indígenas de la Amazonía enfrentan desafíos significativos por el acaparamiento de tierras, narcotráfico y actividades ilegales como la minería y la tala, además de la explotación laboral y sexual. Acentúa, además, la protección insuficiente para los defensores ambientales indígenas y la implementación deficiente del quechua, lengua oficial junto al español, lo que limita el acceso a servicios esenciales para sus hablantes.
Aunque la Constitución prohíbe ampliamente la discriminación, existen pocas leyes que ofrezcan protección explícita contra discriminación por orientación sexual o identidad de género. La falta de reconocimiento para las parejas LGBTQI+, resalta el texto, restringe sus derechos, y el proceso complicado y costoso para la actualización de documentos de identidad por parte de las personas trans limita su acceso a servicios gubernamentales.
El expediente también distingue la barrera de educación y empleo para personas con discapacidad, lo que repercute en todas las áreas de su vida, incluidas las oportunidades laborales y la inclusión social. Aunque existen cuotas de empleo específicas para personas con discapacidad, su aplicación por parte del Gobierno es rara.
Las personas con discapacidad mental padecen negligencia, evidenciada por la insuficiente cantidad de personal médico en instituciones psiquiátricas. Además, el reporte menciona que la discriminación generalizada hacia personas con VIH y SIDA limita sus oportunidades en empleo, vivienda y aceptación social, una realidad que afecta desproporcionadamente a la población femenina.
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