Megapuerto de Chancay: estos son los impactos silenciados del proyecto que preocupan al distrito norteño

En Perú, el megapuerto de Chancay se proyecta como una infraestructura crucial que beneficiará económicamente al país con una contribución anual de 4.500 millones de dólares, un monto que representa el 1.8% del Producto Interno Bruto (PBI) nacional, de acuerdo al nuevo ministro de la Producción, Sergio Gonzalez Guerrero.

Según el titular de la cartera mencionada, el proyecto marcará un antes y después en los lazos comerciales con países donde reside el 55% de la población mundial y representa el 38% del PBI global, destacando principalmente a los mercados de China, Japón, Corea del Sur e Indonesia.

No obstante, a pesar que la obra se perfila como un motor económico fundamental por su impacto directo en diversas industrias, al mismo tiempo, esta traería consigo importantes desafíos ambientales en el distrito —ubicado en la provincia de Huaral—, que aún enfrenta las consecuencias del derrame de petróleo de Repsol.

De acuerdo a especialistas, los impactos ambientales del megapuerto se dividen en tres categorías principales: calidad del aire, agua y suelo. Estas abarcan 50 puntos críticos, los cuales ya han sido expuestos por la sociedad civil organizada de Chancay frente al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

En concreto, estos muestran la tensión existente entre la incompatibilidad del proyecto y el entorno natural, que pone en duda la coexistencia armónica entre la infraestructura y la preservación de las áreas naturales valiosas de Chancay, como el Humedal Santa Rosa.

Aquel ecosistema es clave para la conservación de diversas especies, especialmente aves migratorias, así como para prevenir inundaciones y sequías. También, su importancia se extiende a la cultura y la economía local por ser parte de la identidad de las comunidades chancayanas y sustentar la pesca artesanal y el ecoturismo.

Pero, aunque la conversación acerca de los retos ambientales intenta posicionarse en la esfera pública, el impacto económico del megapuerto y su posición en el mercado mundial se contrapone sin mayor cuestionamiento.

Con el propósito de analizar a fondo estos desafíos, Infobae Perú conversa con diferentes expertos y una dirigente y miembro del Frente de defensa por la dignidad y libertad de Chancay, que congrega a diferentes organizaciones de la zona sur del distrito.

Dentro de esta lista figuran: la Asociación de Pobladores del Comité 10 y 12 de Santa Rosa, la Asociación de Pobladores del Asentamiento Humano Santa Rosa, la Asociación en defensa de las viviendas y medio ambiente del puerto de Chancay, el Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa, entre otras.

Actualmente, el megapuerto de Chancay continúa en fase de construcción, a cargo de la empresa Cosco Shipping Ports Limited (CSPL), con un avance aproximado del 76 % y estaría listo para fines de noviembre del 2024.

Sin embargo, a medida que avanza su ejecución, siguen sin abordarse las preocupaciones de un sector de los chancayanos para garantizar un desarrollo sostenible y responsable que mitigue los impactos negativos de la obra.

Antony Apeño, biólogo marino e integrante de la ONG CooperAcción, precisa que, además de la alteración de la biodiversidad en el Humedal Santa Rosa, se suman las consecuencias directas sobre la flora y fauna marinas, debido al dragado necesario (excavación submarina) para la operación del megapuerto.

Esto, específicamente, estaría generando un cambio en la composición de las playas cercanas y el fondo marino, con un posible impacto en las especies que habitan en el área y alteraciones en las zonas de reproducción de especies importantes para la pesca artesanal.

También, hay inquietudes por el estado de las playas de Chancay por el riesgo de descarga de aguas contaminadas y la reducción del nivel de agua del Humedal Santa Rosa, un efecto que podría estar vinculado a las actividades de construcción del megapuerto, según el biólogo marino.

“Se ha cambiado toda la estructura del bentos, que es el fondo marino de especies que vivían ahí, que eran zonas para reproducción de otras especies, las cuales eran comerciales para los pescadores artesanales. Ya no se van a poder desarrollar actividades de pesca alrededor de esta zona, si a esto le sumamos otro impacto, como el derrame de petróleo, el impacto es más grande”, agrega el especialista ambiental.

A corto plazo, según Apeño, podría causar el desplazamiento forzado de los pescadores artesanales hacia otras zonas norteñas. Además, advierte que la sobreexplotación de recursos incrementaría el surgimiento de conflictos sociales, disputas territoriales y hasta el crecimiento de la pesca ilegal. Y, por ende, este panorama tendría un impacto en los patrones alimenticios del distrito, como resultado de la disminución del acceso a recursos hidrobiológicos, impactando en la seguridad alimentaria de la población.

Adicionalmente, se suma un sinsabor por el hundimiento de más de diez viviendas, que, aseguran las organizaciones sociales, son producto de las vibraciones causadas por las excavaciones subterráneas necesarias para el desarrollo del puerto.

Y, por otro lado, molestias por la dispersión de polvo y partículas, que aumenta los riesgos de estrés y enfermedades respiratorias para la salud de los habitantes.

El sociólogo Alejandro Chirinos, quien también integra el equipo de CooperAcción, critica que los daños colaterales del proyecto han sido insuficientemente considerados por el Estado que ha priorizado el avance económico de la obra.

Los cuestionamientos de Chirinos se centran, en primer lugar, en la efectividad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del megaproyecto, visto de manera negativa por su incapacidad para reflejar fielmente los riesgos del megaproyecto y por la facilidad con la que este habría superado los “filtros”.

Esto debido a que existe la percepción de que los procesos de evaluación ambiental actuales se ven más como requisitos formales que como herramientas de prevención y mitigación reales.

Sin embargo, Chirinos, quien viene acompañando la lucha activa de los chancayanos, cuenta hay un ímpetu por visibilizar los impactos de la obra.

Esto, sobre todo, por parte de las organizaciones encabezadas por mujeres, quienes exigen ser escuchadas y se les brinde alternativas económicas viables y respeto por sus modos de vida, que, indican, ya son afectados por el proyecto. Entre esas personas está la dirigente y comunicadora social Miriam Arce.

Durante la entrevista con Miriam, la ciudadana enfatiza en varios momentos la falta de transparencia y consulta a Chancay en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, el cual es considerado incompleto y sesgado por la dirigente.

“Ya tenemos una base científica y compañeros, que son profesionales, que nos han ayudado a detectar estos impactos. Pero, no tener un marco legal y jurídico permite que la empresa acomode todo a su favor. No somos personas que nos oponemos, solo queremos lo mejor para el distrito de Chancay y vemos que este proyecto no va a favorecer de la manera en que se está dando al distrito y las personas que vivimos acá, es por eso que luchamos”, agrega.

Además, la dirigente considera que el proyecto resulta desproporcionado para las características de la bahía y, por otro lado, y ratifica que este conflicto se agudiza también por cuestiones legales.

Pues, de acuerdo a Arce, hay denuncias por parte de Cosco Shipping contra más de 25 personas que han participado en protestas en rechazo al megapuerto, una táctica que la dirigente interpreta como intimidatoria.

En el marco del conflicto de Chancay, con el fin de garantizar los beneficios del proyecto se logren respetando las necesidades de la población y el medio ambiente, las organizaciones sociales y ciudadanos en contra de la infraestructura han buscado dialogar con el Gobierno y Cosco Shipping.

Sin embargo, a la fecha, dichas conversaciones han tenido resultados limitados, de acuerdo al testimonio de Miriam. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo es señalada por no considerar la situación como un conflicto social en su registro. Esto teniendo en cuenta que la comunidad de Chancay, en su búsqueda de soluciones, ha propuesto la creación de una mesa multisectorial que incluya a la sociedad civil para discutir los impactos ambientales y sociales del proyecto.

Pero, a pesar de las movilizaciones y el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y CooperAcción, que ayudaron a evaluar el estudio de impacto ambiental, sus reclamos permanecen, en gran medida, sin respuesta.

Al respecto, el sociólogo Alejandro Chirinos reflexiona que la falta de un adecuado mecanismo de participación ciudadana en la Evaluación de Impacto Ambiental ha sido un obstáculo para garantizar que las inquietudes de la población sean escuchadas y atendidas correctamente.

Como bien se ha detallado en este informe, el proyecto portuario en Chancay plantea desafíos en varios frentes, desde la protección ambiental y la gestión de impactos sociales hasta la necesidad de fortalecer las leyes ambientales en el país y mecanismos de participación ciudadana.

Acerca de estos dos últimos puntos, se sabe que hay brechas en la normativa ambiental aplicada a la megaobra, ya que su EIA-d (Estudio de Impacto Ambiental Detallado), al momento de ser aprobado en 2013, no identificó todos los impactos adversos desde un comienzo, según un análisis elaborado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Diana Suárez, asesora legal de la SPDA, detalla que cuando se aprobó el EIA-d (2013) no existía un reglamento ambiental sectorial enfocado en el sector Transportes y Comunicaciones, y que cuando no hay estándares ambientales especiales desde un sector se puede generar una menor rigurosidad para establecer medidas de manejo ambiental ante los impactos ambientales y sociales, sobre todo en proyectos de gran envergadura.

Aquello se evidencia con advertencias dadas por la ONG Mundo Azul, por ejemplo. Pues, en una nota elaborada por este medio en mayo del año pasado, la organización expuso numerosas omisiones e inconsistencias en la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la obra.

Stefan Austermühle, líder de la organización, señaló manipulaciones en el documento, sobre todo en aspectos críticos como la reducción de la línea de playa y el insuficiente registro de polvo tóxico en el área, en base a investigaciones de Convoca, y cuestionó el proyecto por no considerar adecuadamente el impacto acústico.

La abogada de la SPDA, Diana Suárez, enfatiza que, para evitar la falta de diálogo en el marco de este tipo de conflictos, “los procesos de evaluación de impacto ambiental no deben ser solo un mero requisito legal a superar para ejecutar un proyecto, sino que deben ser mecanismos efectivos”.

Esto con el objetivo de garantizar derechos fundamentales, como a un ambiente sano y equilibrado, a la vida y a la salud.

“Desde SPDA, a fines del año pasado publicamos un informe legal ambiental que da cuenta de la normativa bajo la cual se aprobaron los instrumentos de gestión ambiental del Megapuerto de Chancay. Nosotros para acceder a la información del proyecto e instrumentos de gestión ambiental, formulamos solicitudes de acceso a la información y la que recibimos no se encontraba en un lenguaje ni formatos accesibles para todos”, indica la abogada.

Para obtener declaraciones sobre los efectos ambientales del desarrollo del megapuerto de Chancay en Perú, Infobae Perú buscó comunicarse tanto con Cosco Shipping como con el Ministerio del Ambiente (Minam).

En cuanto al Minam, la cartera no proporcionó respuesta a las consultas remitidas por este medio acerca de los impactos que podría tener el proyecto portuario, indicando que dichas aclaraciones deben ser respondidas, por competencia, por la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAMM) del MTC.

Por su lado, tras la publicación del presente artículo, el viernes 26 de abril Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP) se comunicó con Infobae Perú para aclarar que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay prosigue su construcción bajo la afirmación de poseer todas las autorizaciones necesarias requeridas por la legislación peruana.

Siguiendo el documento remitido a este medio, indicaron, en primer lugar, que este proyecto, calificado de interés nacional, ha logrado el aval ambiental y de infraestructura a través de instrumentos como el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), Instrumento de Gestión Ambiental (ITS) y la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d), otorgados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Asimismo, CSPCP precisó que ha enfocado esfuerzos en atender los posibles impactos ambientales y sociales derivados de su ejecución, implementando programas de manejo ambiental y social, que incluyen compensaciones económicas directas y la realización de obras de infraestructura comunitaria.

Específicamente, en términos de contribuciones directas a la comunidad, la empresa afirma haber otorgado compensaciones a más de 3.000 familias, impactando positivamente la vida de aproximadamente 15 mil 000 residentes del distrito.

Entre las iniciativas puestas en marcha se encuentran la edificación de muros de contención, la creación de veredas y locales comunales, así como el establecimiento de fondos para becas y otros proyectos de inversión social, junto con pagos regulares a pescadores y transportistas afectados durante el periodo de construcción del megaproyecto.

De otra parte, respecto a las diversas críticas y cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales con respecto a las posibles consecuencias sobre el medio ambiente y la biodiversidad local del Megapuerto de Chancay, CSPCP respondió que han revisado 114 observaciones técnicas, abordando incluso las preocupaciones planteadas por la ONG Mundo Azul y otras asociaciones.

Durante dicho proceso participaron diferentes instituciones como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), y la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (Dgaampa), entre otras, las cuales emitieron opiniones especializadas tras un exhaustivo análisis.

Además, señalan se estableció un diálogo continuo con las organizaciones de base del distrito de Chancay y se formó un comité para el monitoreo ambiental.

CSPCP también se pronunció respecto a los puntos ambientales y sociales más preocupantes relacionados con la infraestructura y su impacto en el distrito. Entre ellos se encuentran el posible impacto al Humedal Santa Rosa y la biodiversidad marina, así como las implicaciones para la pesca artesanal y la calidad de vida de los residentes de Chancay.

Sobre ello, detallaron que se ha emprendido una serie de medidas ambientales y de monitoreo, trabajando en colaboración con Walsh Perú y la certificadora SGS para evaluar el impacto ambiental y asegurar la preservación de las áreas naturales.

Para ello, la compañía señaló que se ha unido al Comité de Gestión del Área de Conservación Ambiental del Humedal Santa Rosa, implicándose en acciones para la protección del ecosistema y el tratamiento de aguas residuales, y, además, resaltando a especialistas como la bióloga Rosario Alcántara Medrano, quien ha señalado la ausencia de un impacto negativo directo del proyecto sobre el humedal.

En esa misma línea, con relación a las alteraciones que el dragado podría causar en el fondo marino y las playas cercanas, explicaron que el material extraído se dispone en áreas designadas por las autoridades a cierta distancia de la costa, minimizando el impacto, y en cuanto a la dotación de agua para el puerto, se prevé el uso de sistemas de desalinización para evitar el uso de recursos hídricos locales, con el tratamiento de aguas residuales antes de su descarga.

Finalmente, respecto a las preocupaciones sociales relacionadas con el ruido, la dispersión de polvo, así como el impacto en las viviendas locales debido a vibraciones, CSPCP resaltó que son temas de particular sensibilidad que la empresa asegura estar abordando con seriedad y compromiso hacia la comunidad de Chancay.