El empresario Sandro Herrera (54), excandidato al Congreso por el fujimorismo, figura como presunto cabecilla de una red criminal dedicada a la usurpación de inmuebles con la colaboración de jueces, según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus trece.
Al menos 21 familias de la urbanización Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, lo acusan de apoderarse de sus propiedades y desalojarlos mediante resoluciones fraudulentas. A mediados de abril, el fiscal de crimen organizado Álvaro Rodas dirigió un megaoperativo en el que Herrera acabó detenido junto a seis presuntos cómplices.
A pesar de enfrentar denuncias por estafa, falsificación de documentos y usurpación, el empresario logró evadirlas con éxito. Al menos tres jueces han sido investigados por fallar a su favor en varios procesos.
La supuesta organización delictiva comenzó su actividad entre 2016 y 2017, periodo en el cual una de las empresas de Herrera inició la compra de acciones de “Canto Grande SRL”, propiedad de la familia Neuhaus Rizo hasta entonces.
Desde las décadas de los 60 a los 90, Canto Grande SRL vendió numerosos lotes en un terreno de casi 36 hectáreas en el distrito más populoso del país, donde familias de clase media construyeron sus hogares y desarrollaron la urbanización.
Aunque poseían contratos que los acreditaban como legítimos dueños y habían estado al corriente en el pago de arbitrios municipales, los procedimientos para la independización y registro oficial de los predios nunca se completaron, aun cuando existía un acuerdo de accionistas con ese fin, según datos citados por el semanario.
Cuando Herrera adquirió las acciones de la inmobiliaria, comenzó un proceso de inscripción de los predios a nombre de la empresa, ignorando los derechos de los verdaderos propietarios en 2017. Los testimonios reunidos por la Fiscalía indican que trató de vender los inmuebles a las familias, en lo que constituiría una segunda venta de terrenos que ya habían adquirido años atrás.
El coordinador de las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, indicó que, cuando las familias se negaban a comprar, iniciaban los procesos judiciales de desalojo. En algunos casos, los propietarios descubrían la estafa solo después de que sus casas fueran vendidas a terceros.
Desalojarlos no representaba un gran desafío para Herrera, cuyas conexiones en el Poder Judicial eran sólidas. El caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, como se denominó a la mafia formada por jueces y fiscales que traficaban sus sentencias por favores políticos o dinero, sacó a la luz sus vínculos con Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao.
Actualmente, Herrera es investigado por solicitar a Ríos su exclusión de un proceso de desalojo en un terreno del puerto chalaco.
Modus operandi
Para tomar control de los predios en SJL, el empresario creaba disputas artificiales sobre los terrenos, las llevaba a los tribunales y, sin falta, un juez terminaba dándole la razón. Acto seguido, vendía o revendía la propiedad y dejaba a los legítimos dueños sin posibilidades de recuperar sus casas.
El 13 de julio de 2017, Canto Grande SRL presentó una denuncia contra un ciudadano por la usurpación de un predio que, supuestamente, la compañía estaba utilizando. Fue una acusación fraudulenta, según el semanario. Tres meses más tarde, y sin realizar ninguna verificación, el juez Pedro Francia, del Primer Juzgado Civil de El Agustino, emitió una orden de desalojo.
Otro caso similar tuvo lugar en agosto de 2017. El mismo magistrado aceptó la demanda y ordenó el desalojo. El Ministerio Público también sigue de cerca al juez Javier Jiménez Vivas, del Tercer Juzgado Civil de SJL, quien aún desempeña funciones en el Poder Judicial.
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