El gobierno de Dina Boluarte ha anunciado su intención de reinstaurar los beneficios tributarios para las empresas agroexportadoras en Perú, estableciendo nuevamente una tasa impositiva reducida del 15% en el Impuesto a la Renta (IR). Esta medida, que contrasta con la tasa general del 29,5%, forma parte de la propuesta de la nueva ley agraria que se espera sea presentada en un mes, según informó Ángel Manero, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego,
Dicho cambio, según señala el Ejecutivo, buscaría equilibrar las condiciones fiscales para estas empresas, sin afectar los beneficios laborales obtenidos por los trabajadores, como el Bono Beta, el que representa el 30% de la remuneración mínima vital (RMV). Cabe recordar, que las agroexportadoras actualmente cuentan con los beneficios de un pago reducido por concepto de EsSalud (6%, cuando el pago regular es de 9%).
Aunque Manero reconoció que este bono incrementa los costos para las empresas, afirmó que no se modificará, comprometiéndose a buscar formas de compensar el mencionado sobrecargo. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, señaló que, si bien no se reactivará la anterior ley Chlimper, que reducía los impuestos para este sector por dos décadas, se considerará una reforma laboral agraria que incorpore aspectos rescatables de la legislativa previa.
Esta propuesta ahora depende de la aprobación del Congreso. Para concretar estos cambios, el Gobierno planea solicitar facultades delegadas al Parlamento con el fin de agilizar la aprobación de la ley. Asimismo, se prevé un acercamiento con los trabajadores en Ica para discutir y explicar los detalles.
Beneficios tributarios impulsados desde el Congreso
Un reportaje de Ojo Público reveló que, en años pasados, el Congreso de la República aprobó seis legislaciones que otorgan beneficios fiscales a diferentes sectores empresariales, reduciendo los ingresos estatales en aproximadamente S/8.000 millones anuales.
Esta medida impacta en una disminución significativa en la recaudación tributaria. Las leyes promovidas principalmente por la bancada de Fuerza Popular incluyen exenciones y reducciones impositivas que afectan directamente la capacidad del Estado para generar ingresos. Entre las regulaciones más destacadas se encuentra la Ley 31903, que busca fortalecer la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas a través de la libre disposición de fondos de cuentas de detracciones, a pesar de las advertencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el impacto negativo en la recaudación.
Según análisis del MEF, el costo fiscal de estas medidas legislativas es cercano a los S/12.000 millones, un monto que se esperaba recaudar con una reforma tributaria completa propuesta en 2021 y que fue rechazada por el Parlamento. Además, existen otros 11 dictámenes sobre beneficios fiscales listos para ser debatidos en el pleno del Congreso, con una afectación estimada en torno a los S/11.000 millones.
Este panorama fiscal desafiante se ve agravado por la reducción del ratio de presión tributaria de 16,8% en 2022 a 15% en 2023, señal de una disminución en la eficacia de la recaudación tributaria en el país.
Las iniciativas legislativas han sido criticadas por distintos sectores, incluyendo al exministro de Economía, Pedro Francke, quien resaltó la grave caída de la presión tributaria y la preocupación que genera en un contexto de recesión económica. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado al Perú reevaluar estos incentivos fiscales, los cuales en gran medida favorecen a contribuyentes de ingresos altos, exacerbando así las desigualdades.
Miryam Yepes, directora de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria del MEF, en diálogo con el medio digital, adviertió sobre los peligros de estas medidas, que suman a una política fiscal que enfrenta desafíos para aumentar la recaudación en momentos críticos para la economía nacional.