Escándalo en el Ejército peruano: condenan a dos militares por robar cerca de 700 granadas de guerra

El Poder Judicial condenó a nueve años de prisión efectiva a dos militares, identificados como Luis Soldevilla Espinal y Paddy Llimpe Correa, por ser autores de la apropiación irregular de cerca de 800 granadas de guerra y más de 100 mil cartuchos del Ejército del Perú. Se les encontró responsables del delito de peculado doloso en agravio del Estado.

Así lo comunicó la institución, a través de sus redes sociales, tras detallar que la Corte Superior de Justicia de Lima Sur fue la que impuso la severa pena contra ambos sujetos.

“Poder Judicial, a través de la Corte de Lima Sur, impuso 9 años de prisión contra los militares Luis Soldevilla Espinal y Paddy Llimpe Correa por el delito de peculado doloso agravado en el COEDE de Chorrillos en agravio del Estado”, escribió el organismo en su cuenta de Twitter (ahora llamada X).

Los sentenciados se apoderaron de 786 granadas de guerra, tipo defensivas y modelo BRM 75 (de fabricación soviética), y 104 mil 750 cartuchos, calibre 9 x 19 milímetros.

Los jueces Nidia Rusbeldina Sierra Jerónimo, Cristhian Javier Salazar Costa y Miriam Leguía Soto tomaron la decisión de poner tras las rejas a ambos militares, luego de un largo proceso que inició en hace varios añoas atrás.

De acuerdo a la acusación fiscal, el 7, 20 y 21 de marzo del 2015, el entonces mayor del Ejército del Perú, Luis Soldevilla Espinal, en calidad de jefe de la Compañía de Mantenimiento y Transporte n. ° 503, se apoderó de las granadas y los cartuchos.

El Ministerio Público corroboró que esto no hubiera sido posible, si Soldevilla Espinal no recibía la ayuda del técnico de tercera Paddy Nolan Llimpe Correa, en calidad de jefe del almacén n.°1 - transitorio de la Cía. n. ° 503.

Los fiscales demostraron a los magistrados que “esta sistemática forma de apoderarse de las artefactos del Ejército peruano, se repitió hasta en tres oportunidades, en donde se apreció la participación de cada uno de los acusados, así como la conducta neutral de los técnicos del Ejército Peruano”.

Además, el colegiado anticorrupción de Lima Sur fijó una reparación civil por la suma de 170 mil soles que deberán pagar los sentenciados en conjunto.

La investigación por este caso empezó el pasado 15 de septiembre, cuando la fiscalía de Chorrillos tomó conocimiento de la pérdida de armamentos del cuartel Cruz de Hueso, en San Bartolo.

En su momento, Ricardo Franco, abogado de los involucrados, denunció que se violó el derecho de defensa durante el proceso fiscal. “Acá ha habido una serie de irregularidades, se ha violado el derecho de la defensa, del debido proceso”, dijo.

La investigación preparatoria involucró, además, a otros siete militares como presuntos cómplices primarios del delito de peculado doloso, debido a que habrían facilitado la entrega, recojo y desvío de las granadas con fines ilícitos. Entre ellos Carlos Martin Noblecilla Infante, Miguel Gomez Contreras, Edgar Javier Parraguez Vásquez, Sherley Zamudio Dávila, Ronny Ggley Rivera Caya, Carlos Joel Ramos Camacho y Eugenio Gómez Quispe.

El Ejército del Perú también es investigado por la Fiscalía de la Nación debido a una denuncia sobre la compra irregular de 4 mil 600 colchones por casi S/2 millones de soles. La empresa Paraíso, competidora en el proceso, inició la denuncia tras la adjudicación del contrato a Industrias El Cisne, implicando a altos mandos militares y al exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Se sugiere que hubo alteración en las especificaciones técnicas de los colchones para beneficiar a Industrias El Cisne, lo que resultó en la adquisición de productos no conforme a los requisitos iniciales del Ejército.