Municipalidad de Lima contrató de nuevo a funcionaria que despidió dos meses antes para investigarla por colusión

La Municipalidad de Lima (MML) ha procedido a reincorporar a una de sus funcionarias dos meses después de haber sido destituida para ser investigada por supuestas irregularidades en relación con el delito de colusión

Jonathan Castro, periodista de La Encerrona, dio a conocer que la comuna había repuesto a Liz Belissa Jorg Lizano Gálvez como gerente de Promoción de la Inversión Privada, a pesar de haberla cuestionado anteriormente.

En el documento oficial de la MML, que data del 2 de abril, también se da por concluida la designación de José Carlos Untiveos Salazar en el cargo.

El pasado 20 de febrero de este año, el municipio de la capital anunció que Liz Jorg ya no iba a continuar laborando en la gestión de Rafael López Aliaga debido a que se iban a realizar diligencias por “probable colusión”. Indicaron, además, que ella estaba una situación similar respecto “otros exfuncionarios de la MML, que produjeron documentación falsa”.

Estas investigaciones se dieron a raíz de que Rutas de Lima asegurara que fue la misma municipalidad la que consultó la viabilidad técnica y contractual de una ruta alterna al peaje de Puente Piedra. La comuna lo hizo a través de la carta D000090- 2023-MML-GPIP, enviada por la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP), presidida por Liz Bellisa Jorg.

En ese sentido, la concesionaria manifestó que les llamaba “poderosamente la atención que el alcalde, Rafael López Aliaga, impute la comisión del delito de colusión a la señora Liz Belissa Jorg Lizano Gálvez, cuando dicha funcionaria fue nombrada por el actual alcalde de Lima en enero del año 2023″.

Recordaron que la trabajadora fue incluso la vocera del municipio en los medios de comunicación y que seguía el mismo discurso de López Aliaga.

En diciembre de 2023, la Municipalidad de Lima lanzó una emisión de bonos de deuda por S/1.205 millones. Este plan de endeudamiento asciende a los S/4.000 millones y tiene como fin de financiar diversos proyectos de inversión pública.

Dicha operación, que contempla un plazo de retorno de 20 años y una tasa de interés del 10.1%, ha generado preocupación entre expertos financieros y organismos autónomos, como el Consejo Fiscal, por considerar que compromete las finanzas de futuras administraciones municipales.

Este organismo autónomo, que está encargado de supervisar las finanzas públicas, ha manifestado su inquietud al respecto. Argumentan que la tasa de interés aplicada es considerablemente elevada comparada con otras opciones de financiamiento que implicarían menores costos para el municipio.

Carlos Oliva, presidente del Consejo y exministro de Economía, sugirió que apoyándose con garantías del Gobierno central, la tasa de interés podría haberse reducido al 7%, representando un ahorro significativo de aproximadamente S/500 millones durante la vigencia de la deuda.

La estrategia adoptada por la Municipalidad de Lima ya había sido cuestionada previamente tanto por la Contraloría General de la República como por miembros del Concejo Metropolitano de Lima.

La principal crítica radica en la falta de fundamentos técnicos sólidos que justifiquen el nivel de endeudamiento y la rápida aprobación de proyectos sin el debido análisis ni debate, lo cual aumenta el riesgo financiero y la responsabilidad fiscal de la capital peruana.

Este tipo de cuestionamientos desfavorecen al líder de Renovación Popular, teniendo en cuenta una reciente encuesta realizada por Ipsos para Perú 21 reveló que el 64% de los habitantes de Lima desaprueba la gestión de López Aliaga. Así, aumenta la presión sobre el alcalde y su administración para que reconsideren las decisiones económicas tomadas y se busquen alternativas de financiamiento más sostenibles y con menor impacto en el endeudamiento municipal.