El congresista Jorge Luis Flores Ancachi, perteneciente a la bancada de Acción Popular y quien fue implicado como uno de ‘Los Niños’ —aquellos legisladores que fueron acusados de negociar con el expresidente Pedro Castillo para la adjudicación de obras— presentó este miércoles una denuncia constitucional en contra del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y la fiscal suprema, Delia Espinoza, quien lleva las investigaciones contra la suspendida Patricia Benavides.
La denuncia constitucional, que puede dar pie al inicio de un juicio político contra los dos fiscales supremos, plantea la inhabilitación por 10 años en contra de Villena Campana y la fiscal Espinoza por infracción a los artículos 93 y 159 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, además de la comisión de los delitos de “abuso de autoridad, prevaricato y omisión de actos funcionales”; en el marco de las investigaciones por el caso de Benavides.
La acusación constitucional contra Delia Espinoza
Esta denuncia, que fue enviada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado martes 16 de abril al promediar las 6:00 p.m., señalan un procedimiento específico que la fiscal Delia Espinoza había requerido ante el Congreso de la República. En el marco de las investigaciones, la fiscal suprema solicitó, como parte de sus diligencias, el registro de los votos efectuados por los congresistas en los casos donde existiera influencia por parte de Patricia Benavides en la decisión de los parlamentarios.
Estas votaciones son las de la inhabilitación a la inhabilitada fiscal suprema Zoraida Ávalos; la elección del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; y las coordinaciones para el intento de remoción del pleno de la Junta Nacional de Justicia. En las que Flores Ancachi habría votado a favor.
Ante este requerimiento, el legislador acciopopulista consideró que Espinoza habría incurrido buscado con “un ataque injustificado por una votación, instaurar una persecusión fiscal a legisladores por el solo hecho de emitir sus votos; además de engendrar zozobra y amedrentamiento hacia los legisladores; con el fin de que desatiendan sus cometidos funcionales”.
Es decir, para Flores Ancachi, este pedido constituye “una evidente infracción constitucional contra la garantía de la inviolabilidad de los votos”; motivo con el que busca sustentar el abuso de autoridad contra Espinoza.
La denuncia contra el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena
En tanto, en contra del titular de la Fiscalía de la Nación, Juan Carlos Villena, Flores Ancachi intentó justificar la omisión de actos funcionales afirmando que es este quien “no ha ejercitado la acción penal de oficio ante la clara contravención y violación a la prerrogativa de la inviolabilidad de votos de los congresistas, por lo que existe infracción constitucional de su parte”
Según Ancachi, Juan Carlos Villena Campana debió haber tomado acciones al conocer respecto a la solicitud de Delia Espinoza. Además de aseverar que era Villena quien debía investigarlos; y no delegar las pesquisas a Delia Espinoza; sin embargo, Ancachi no considera que el fiscal de la Nación ya había manifestado una posición respecto al caso en un comunicado conjunto en el que se reprochaban los hechos de Benavides; por lo que lo adecuado era inhibirse.
Como si este hecho no fuera suficiente, para sustentar las infracciones y medios probatorios de la denuncia constitucional, que deberá ser revisada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Ancachi ofrece como medios probatorios a los otros congresistas que también han presentado una denuncia constitucional en contra de Juan Carlos Villena. Los mismos que se encuentran investigados por el caso de Patricia Benavides.
Así, el legislador se une al grupo de congresistas que buscan retirar a Juan Carlos Villena y a Delia Espinoza del cargo por permitir y estar a cargo, respectivamente, de las investigaciones en las que se sindica a Patricia Benavides como líder de una organización criminal enquistada en las esferas más altas del Ministerio Público; desde donde coordinaba acciones con el Congreso a cambio del archivo de las investigaciones contra sus parlamentarios denunciados.
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