En los últimos 20 años, más de 2 millones 774 mil hectáreas de bosques en el Perú han sido vendidas, afectando gravemente a 50 pueblos indígenas amazónicos.
Este devastador panorama fue revelado en el informe “Parcelando la Amazonía: deforestación ilegal y agroindustria”, presentado por la organización Environmental Investigation Agency (EIA) el 16 de abril.
Asimismo, entre 2012 y 2018, se detectó que un total de 422 mil 953 hectáreas de bosque en Loreto y Ucayali fueron taladas sin la debida autorización, constituyendo esta actividad como ilegal en casi su totalidad.
Estudio identifica 10 empresas responsables de deforestación
Por otro lado, un resultado que llama la atención sobre el estudio es la identificación de 10 compañías relacionadas con la producción de materias primas presuntamente responsables del daño ecológico.
De estas, se sabe que siete adquirieron tierras a través de procedimientos ilegales, contribuyendo a la deforestación de unas 13 mil 000 hectáreas.
Además, se señalan irregularidades en la obtención de permisos de operación y procesos de titulación que contradicen la ley, exponiendo la vulnerabilidad de los derechos de las comunidades indígenas afectadas.
En esa línea, la EIA destaca el papel que juegan las actividades ilegales y la corrupción en este proceso, enfatizando la posible complicidad de los funcionarios con las empresas señaladas.
Además, el mal manejo de la situación por parte del Estado y el desinterés por aplicar políticas de protección ambiental adecuadas, que han facilitado la expansión de negocios agroindustriales a costa de la preservación de los ecosistemas y la integridad de las comunidades nativas.
¿Cuáles son las causas principales de la crisis ambiental en Perú?
Entre las causas principales de esta crisis ambiental, el informe cita la falta de transparencia, la deforestación sin permiso y la violación de derechos indígenas.
También se menciona la expansión de cultivos de palma aceitera como una de las principales actividades económicas detrás de la pérdida forestal.
Y, adicionalmente, la preocupación por la Ley Antiforestal que podría promover aún más la impunidad para las empresas implicadas. Pues, según especialistas en materia ambiental, la nueva norma contribuiría a que se archiven las investigaciones y juicios contra taladores ilegales y empresas acusadas de deforestación ilegal, dando paso a la formalización de propiedad sobre estas tierras, entre otros puntos.
Esto en un contexto donde la Unión Europea instauró recientemente regulaciones más estrictas contra la deforestación, buscando promover una mayor diligencia y responsabilidad empresarial.
Investigación propone soluciones
Este reporte, además de arrojar luz sobre la deforestación en el país, enfatiza la urgencia de una acción estatal eficaz que proteja los bosques y los derechos de los pueblos indígenas frente a intereses económicos y la corrupción.
En ese sentido, la adopción del Principio Precautorio, recomendada por la investigación, busca prevenir el daño ambiental incluso ante la incertidumbre científica, sugiriendo un cambio radical en la gestión y políticas ambientales del Perú.
Este principio, reconocido a nivel internacional, se ha en un eje central para la toma de decisiones relacionadas con la protección del medio ambiente, puesto que establece la necesidad de adoptar medidas preventivas frente a posibles riesgos, incluso antes de que exista una evidencia científica completa de dicho peligro.
El informe completo puedes leerlo aquí.
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