El excongresista de Acción Popular (AP), Víctor Andrés García Belaúnde, reveló este martes que el legislador Darwin Espinoza, denunciado por usar fondos públicos para crear su partido, ejerció chantaje sobre María del Carmen Alva cuando ella presidía el Congreso.
En una entrevista difundida por Exitosa, el exdiputado se refirió a las declaraciones de la parlamentaria, quien dijo sentirse “asqueada” por “este sujeto sigue manchando” la tienda política. “Comprendo el disgusto y la frustración [...] El señor Darwin le complicó enormemente su labor [...] empleando el chantaje. Le hizo unas grabaciones en un vehículo mientras conversaban”, contó.
“Es común expresarse libremente en un vehículo, pero él, de hecho, registró esa charla. La mantuvo bajo chantaje y luego divulgó esa información, que fue difundida ampliamente. De esta manera, ella terminó siendo víctima del chantaje de un individuo como el señor Espinoza. Es completamente razonable que actualmente se sienta repelida al confirmar, una vez más, la falta de integridad moral de dicho individuo”, acotó.
García Belaúnde cuestionó la permanencia de Espinoza como portavoz de Acción Popular y sugirió investigar a quienes lo han respaldado. “No entiendo cómo ha logrado mantenerse en el partido por tanto tiempo. [...] Claramente ha contado con el respaldo de algunos dentro del partido. En la última contienda electoral complicó tanto a Otto Guibovich hasta el punto de hacerlo abandonar el partido”, señaló.
“El Congreso carga con una enorme responsabilidad al amparar a elementos dañinos que desacreditan a la institución, la cual hoy solo goza de un 6% de aprobación popular. Los congresistas parecen embriagados de poder, privilegios, sueldos, viajes, etc., tomándose a la ligera las demandas públicas de sanciones tanto para los ‘mochasueldos’ y para los Darwins”, agregó.
Según un reportaje de Punto Final, Espinoza emplea recursos estatales para promover la inscripción de su partido regional Adelante Áncash. El dominical expuso que, en enero, el despacho del legislador pidió 10.000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Legislativo, para ser destinadas a la impresión de formularios de afiliación para su movimiento.
Sus excolaboradores indicaron que se les demandó la obtención de firmas bajo la amenaza de despido si se oponían. El reportaje también evidenció que Elizabeth Castillo, asistente del congresista, fue encargada de organizar el traslado de las fichas llenas a Lima, usando para su verificación el acceso al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), proporcionado por el Congreso, para confirmar la autenticidad de los datos de los firmantes.
A raíz del reportaje, Reniec suspendió la cuenta asociada al legislador, la Procuraduría del Estado pidió el inicio de diligencias preliminares y el presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Diego Bazán, anunció que se recomendará el inicio de una investigación por posibles infracciones a la ética parlamentaria.
“Yo no dirijo ningún movimiento. Mi rol es ser congresista y portavoz de Acción Popular [...] Los empleados asistieron para cumplir con labores específicas en pos de activar centros de coordinación parlamentaria”, argumentó Espinoza, quien también afirmó que desconocía el empleo del papel bond y del acceso al sistema de Reniec para fines ajenos a los legislativos.
Por su parte, Acción Popular inició un proceso de expulsión urgente contra Espinoza, quien se encuentra bajo investigación disciplinaria por integrar la facción de ‘Los Niños’, como se denomina a los parlamentarios de Acción Popular acusados de organización criminal y tráfico de influencias agravado por integrar el “brazo congresal” de una red criminal que habría estado encabezada por el expresidente Pedro Castillo.
La Secretaría de Disciplina le ha concedido un plazo de tres días para ofrecer su defensa antes de proceder a la decisión final por parte del Tribunal Nacional de Disciplina.
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