Tras casi una década de búsqueda de justicia por el asesinato los cuatro líderes indígenas ashéninkas de la comunidad nativa de Alto Tamaya-Saweto, las viudas de las víctimas enfrentan ahora el miedo de regresar a su comunidad.
Según una nota del Diario La República, la situación se debería a las amenazas de la familia de Segundo Atachi Félix, uno de los madereros condenados por los crímenes, quien sigue operando en la zona, llamando la atención sobre la persistente inseguridad y la tala ilegal en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali.
Las esposas de Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima —asesinados por denunciar las actividades de tala ilegal en su territorio en septiembre de 2014— advierten que existe una atmósfera constante de temor en Saweto debido a que algunos familiares de los condenados han expresado deseos de venganza.
Los habitantes y sus líderes, como Andrés Arévalo Pérez, joven apu de la comunidad, demandan al Ministerio del Interior la implementación de un puesto policial que brinde la necesaria protección a la comunidad y a las familias afectadas por la violencia y la explotación ilegal de sus recursos naturales.
Tala ilegal continúa sin cesar
Actualmente, la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, a pesar de las constantes amenazas que recibe, sigue sin acceder al apoyo necesario del Estado para asegurar su protección y la preservación de su territorio.
Pues, hoy en día, continúan siendo testigos de cómo la tala continúa sin cesar, lo que no solo amenaza su modo de vida sino también el ecosistema de la región.
Por tal razón, Rocío Trujillo, abogada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana—, exige garantías para la comunidad y Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos; Julia Isabel Pérez, viuda de Edwin Chota; Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima y Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo.
Mientras que Jerome Poussielgue, ministro consejero de la embajada de la Unión Europea, pide una mayor protección para las víctimas, reafirmando la importancia de la justicia y el respeto a los derechos humanos.
“Nos pueden matar, así como mataron a mi padre. No podríamos regresar porque el asesino Segundo Atachi está en Saweto, sigue talando. Ahora están esperando la creciente del río para que bajen la madera. Sus hijos hablan, dijeron que, si a sus padres los condenan, se van a vengar de nosotros, nos quieren matar a todos y así quedará libre nuestro territorio para ellos, eso nos preocupa mucho”, declaró Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo, uno de los defensores indígenas asesinados, a La República.
Otras demandas olvidadas
Si bien la sentencia a los asesinos es vista como una victoria para el movimiento indígena, aún queda un largo un camino por recorrer para asegurar la paz y la seguridad en Saweto.
Además, las familias y la comunidad, compuestas por unas 35 familias y 120 ciudadanos, exigen la atención de otras demandas importantes, como servicios básicos de agua potable y electricidad y educación.
Esta última ha sido autogestionada mediante la construcción, con sus propios medios, de un Centro de Educación Inicial y una escuela primaria de una sola aula que alberga a estudiantes de seis grados diferentes, así como un colegio de secundaria desde 2015.
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