La Comisión de Ética del Congreso no sesionó este lunes por falta de quorum, ya que ocho de sus integrantes solicitaron licencia para el día en que iba a ser vista la denuncia contra el legislador Darwin Espinoza (Acción Popular), acusado de destinar fondos públicos para fundar su partido.
Entre quienes pidieron permiso se encuentran tres congresistas de Fuerza Popular, dos de Alianza para el Progreso, un representante de Podemos, uno de Somos Perú y uno de Perú Libre.
Una de las que no acudió al grupo de trabajo fue la fujimorista Rosangella Barbarán. En su cuenta de Instagram difundió una historia donde informó que se encontraba sin señal “en medio de la selva” de Tambopata por una misión académica con la fundación alemana Konrad Adenauer “para abordar los principales problemas de Madre de Dios”.
El video —indicó— fue grabado a las 17:20 horas, mientras que en Lima el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), lamentaba “que algunos miembros no asuman este asunto con la seriedad debida”.
“Nos reunimos una vez a la semana, durante tres o cuatro horas. Contábamos con asuntos de considerable complejidad [...] Es necesario reconocer que somos la única comisión que realiza sesiones presenciales, una situación como esta no había ocurrido antes”, dijo antes de detallar que solo fueron aprobadas tres de las ocho licencias solicitadas.
Bazán también destacó que la mayoría de las inasistencias correspondieron a “todos” los diputados de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso (APP). “Se requiere la presencia de la mayoría de los congresistas para tomar decisiones. Teniendo en cuenta que vamos a ver el tema del congresista Espinoza, vamos a realizar una sesión extraordinaria el jueves por la mañana, antes del pleno, para que no haya excusas”, indicó.
Según una denuncia de Punto Final, Espinoza emplea recursos del Estado con el objetivo de avanzar en la inscripción de su movimiento regional Adelante Áncash. El dominical reveló que, en enero pasado, el despacho del legislador realizó una solicitud de 10.000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Legislativo, material que fue destinado a la impresión de las fichas de afiliación a su agrupación.
Un grupo de extrabajadores contó que fueron comisionados para recoger las rúbricas a riesgo de perder sus empleos si se negaban. Según sus testimonios, debían viajar a diversas localidades de Áncash, costeando de su propio bolsillo tanto sus gastos personales como la compra de incentivos, como gaseosas, galletas y, más económicamente, pelotas para motivar a las personas a firmar.
El dominical también evidenció que Elizabeth Castillo, asistente del congresista, fue encargada de organizar el traslado de las fichas llenas a Lima, usando para su verificación el acceso al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), proporcionado por el Congreso, para confirmar la autenticidad de los datos de los firmantes.
Por este caso, Acción Popular evalúa expulsarlo y el secretario general del partido, Juan Abad, invocó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, solicitar la detención por riesgo de fuga. “Debería haber tenido una detención preliminar hoy día [...] por usar bienes del Congreso que son de todos los peruanos, en papeles, en personal que trabaja para él. Es un delito muy grave. Si él tiene inmunidad, por lo menos los trabajadores sí saben lo que están haciendo y deberían hoy día tener una detención preliminar”, zanjó.
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