Comisión de Transportes del Congreso aprueba dictamen que facilitaría camino al narcotráfico en Ucayali y Loreto

La Comisión de Transportes del Congreso de la República, presidida por el legislador Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), ha aprobado un dictamen que promueve la construcción de la carretera Pucallpa – Cruzeiro Do Sul, obra cuyo principal riesgo se centra en facilitarle el camino a los grupos dedicados al narcotráfico, alerta la organización sin fines de lucro Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Esto a pesar de que el proyecto ya había sido observado por el Poder Ejecutivo en 2021, alertando sobre los graves riesgos ambientales y sociales implicados y las advertencias de organizaciones indígenas, tales como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Organización Regional Aidesep - Ucayali (ORAU), quienes indicaron las afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos originarios.

La decisión, tomada el pasado 2 de abril, genera preocupación debido a los potenciales impactos negativos en territorios de pueblos indígenas en Ucayali y Loreto, como también en áreas vulnerables a la actividad ilícita.

La inclusión de este proyecto de infraestructura forma parte de un dictamen más amplio que declara de necesidad pública e interés nacional varios proyectos en regiones como Amazonas, Apurímac, Arequipa, entre otras.

La propuesta legislativa ha sido cuestionada por el Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo, que subrayan sus impactos negativos y el incumplimiento de principios constitucionales.

Esto debido a que, según los especialistas en materia ambiental, la carretera Pucallpa – Cruzeiro Do Sul afectaría directamente a la Reserva Indígena Isconahua y a la propuesta de creación de la Reserva Indígena Tamaya-Abujao.

Dichas áreas son habitadas por pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), considerados entre los más vulnerables del planeta, puesto que dependen exclusivamente de los recursos naturales que hay en sus territorios.

No obstante, a pesar de estas preocupaciones, y la evidencia de actividades ilícitas en la ruta propuesta, el Ministerio de Cultura, a cargo de Leslie Urteaga, se ha mostrado a favor de una versión condicionada del proyecto, generando preocupación y molestia en los defensores indígenas.

Además de este proyecto, el dictamen abarca otras iniciativas legislativas que suscitan alarma, como el Proyecto de Ley N.º 6960/2023-CR, de la congresista Jeny Luz López Morales (Fuerza Popular), que promueve la pavimentación de un corredor vial afectando a más de 40 comunidades nativas y áreas de reserva.

Y, por otro lado, la Ley N.º 6625/2023-CR, impulsado por APP, que propone la construcción de una carretera en una zona de vital importancia para humedales y comunidades indígenas.

Ambas propuestas han sido denunciadas por su falta de inclusión y consulta previa a las poblaciones indígenas directamente afectadas, una práctica contraria a las disposiciones sobre consulta previa legislativa.

Por ello, se sugiere que dichos proyectos sean reasignados a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, asegurando así la debida consideración de los impactos ambientales y socioculturales involucrados.

Según DAR, las zonas afectadas incluyen territorios de gran biodiversidad y resguardan ecosistemas únicos en la Amazonía peruana.

Dentro de este grupo están la Reserva Comunal El Sira, área natural protegida situada en los departamentos de Ucayali, Huánuco y Pasco; el Abanico del Pastaza, en Loreto, que cubre más de 3.8 millones de hectáreas de bosques inundables, ríos y lagos; y la UC-105.

Este último punto es una ruta que atraviesa áreas de enorme sensibilidad ambiental, donde además se ha reportado la presencia de actividades ilegales, tales como cultivos ilícitos y pistas de aterrizaje no autorizadas, lo que agrava la posible vulneración de espacios protegidos.

Respecto al polémico dictamen, el jueves 18 de abril, el Ministerio de Cultura se comunicó con Infobae Perú con el fin de precisar que ha remitido observaciones al Proyecto de Ley 6486/2020-CR, que, según la cartera, busca establecer una integración sostenible entre Pucallpa y Cruzeiro do Sul.

En esa línea, subrayan que las recomendaciones apuntan a proteger a los pueblos indígenas y originarios, especialmente aquellos en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), ante posibles efectos adversos que esta ley podría tener en sus territorios.

Además, han resaltado el potencial impacto negativo que la ejecución de este corredor podría desencadenar en las áreas de la Amazonía menos intervenidas, donde habitan estas comunidades vulnerables.

Por ello, se ha solicitado la inclusión explícita de disposiciones que aseguren la salvaguarda de estas poblaciones. A su vez, se destacó la necesidad de un análisis de pertinencia y la implementación de un proceso de consulta previa legislativa, de conformidad con la Ley N° 29785 - LEY PIACI y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Finalmente, afirmaron que han instado al Congreso a considerar mecanismos que permitan la participación activa de los pueblos indígenas en el debate y de la propuesta legislativa con el objetivo de asegurar su participación en las decisiones que puedan afectar su desarrollo y bienestar.