Este lunes, en un encuentro en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte Zegarra aseguró a los líderes y familiares de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, de la región Ucayali, que su gestión está comprometida en brindar medidas de protección, desarrollo y justicia tras el asesinato de sus cuatro defensores indígenas en 2014, en la frontera entre Perú y Brasil.
Los líderes ashéninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez habían luchado contra la explotación ilegal de su territorio, enfrentándose a amenazas y actos de violencia por parte de grupos dedicados a la tala.
En la reunión, realizada el 15 de abril, participaron representantes de la Unión Europea y de diversas embajadas, como las de Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Canadá, Bélgica y Polonia.
¿Qué prometió Boluarte a las viudas de Saweto?
La mandataria expresó su disposición y la de su gabinete para asegurar resultados significativos a corto plazo, destacando la implementación de pensiones de viudez y orfandad, así como apoyo educativo y laboral para los huérfanos mayores de edad.
Asimismo, prometió fortalecer la seguridad en la zona y desarrollar proyectos que mejoren la infraestructura de la comunidad en aspectos como saneamiento, transporte y electrificación.
Además, Boluarte aseguró que este plan de acción se llevará a cabo con la mayor brevedad posible, buscando así cerrar las heridas del pasado y construir un futuro más justo y seguro para los habitantes de Alto Tamaya-Saweto, situada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, Ucayali.
Este departamento ha sido reconocido como uno de los más peligrosos para los defensores ambientales, con un historial de ataques y asesinatos que continúan suscitando alarma entre las comunidades y organismos de derechos humanos.
Avances en la búsqueda de justicia
Tras un largo proceso judicial que enfrentó numerosas complicaciones y demoras, el 11 de abril, la Corte Superior de Justicia de Ucayali condenó a 28 años y tres meses de cárcel a cuatro sujetos relacionados con el asesinato de los cuatro líderes indígenas ashéninkas hace casi 10 años.
Los condenados, identificados como Hugo Soria Flores, José Carlos Estrada Huayta, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix, fueron reconocidos por su participación en los crímenes. También, un quinto acusado, Eurico Mapes Gómez, evadió la sentencia por no presentarse al juicio.
Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo —uno de los defensores indígenas asesinados—, expresó que aunque la justicia ha llegado tarde, el fallo representa un avance clave.
Sin embargo, la resolución aún debe ser confirmada, en segunda instancia, un paso necesario para su firmeza final y así se reafirme el compromiso del estado peruano con la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.
Familiares de líderes en riesgo
OjoPúblico, medio que ha seguido de cerca el caso, indica que las viudas y familiares de los líderes han tenido que adaptar sus vidas a la realidad posterior a los crímenes, incluyendo desplazamientos forzados y una constante búsqueda de seguridad.
Además, el seguimiento del proceso legal ha implicado distintos esfuerzos, en medio de un ambiente de constante amenaza por sus actividades de denuncia.
Aún así, el caso de Saweto se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en agresiones contra defensores del medio ambiente y territorios indígenas.