El último lunes 15 de abril, la congresista María Jáuregui Martínez de Aguayo, de Renovación Popular y actual presidenta de la Comisión Mujer y Familia, presentó un proyecto de ley con el fin de garantizar que las familias decidan sobre la educación sexual que recibirán sus hijos; sin embargo, la propuesta ha sido ampliamente criticada por considerar que atenta contra el derecho de los menores de acceder a información adecuada y de calidad
El PL N.° 07579, de la parlamentaria ampliamente conocida por su oposición al enfoque de género y la difusión de desinformación sobre la interrupción terapéutica del embarazo, contó con el respaldo de 13 de sus colegas, entre los que destacan Jorge Montoya Manrique, José Cueto Aservi, Gladys Echaíz de Núñez y Rosio Torres Salinas.
“Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo a sus convicciones, creencias y a su libertad de conciencia”, argumenta el documento oficial de la propuesta.
¿En qué consiste la iniciativa del Congreso?
La iniciativa propone una modificación del artículo 5, de la Ley 28044 (Ley General de Educación) a fin de que quede redactada de la siguiente manera:
“Libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo a su convicciones, creencias y libertad de conciencia”, precisa el texto.
De acuerdo a lo precisado, se tendrá reconoce que los padres puedan elegir el tipo de educación que reciban sus hijos, de acuerdo a sus convicciones morales, religiosas y a su libertad de conciencia.
Iniciativa del Congreso atentaría contra derechos de menores
La congresista Ruth Luque, de la Bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, alzó su voz en contra de la iniciativa presentada en los últimos días. De acuerdo a la abogada, se atentaría contra el derecho de los menores de acceder a información adecuada durante su desarrollo.
“Este PL niega a la Educación Sexual Integral (ESI) como derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener información adecuada y necesaria por parte del Estado, de acuerdo a su edad, para protegerse e incluso denunciar abusos sexuales”, indicó a través de sus redes sociales.
La legisladora cuestionó el motivo por que se buscaba negar o “satanizar” la importancia de la ESI, sobre todo porque esta tiene como principal objetivo ayudar a reducir los altos índices de violencia, abuso sexual y demás atentados contra la integridad de las niñas, niños y adolescentes. “Más bien, necesitamos mejorarla para que el desarrollo de la niñez y adolescencia estén acompañadas y cuidadas”, afirmó.
Finalmente, Luque concluyó que esta propuesta, lejos de favorecer a la población infantil, se suma a los graves retrocesos impulsados por sectores ultraconservadores, que destruyen lo poco que avanzó el Estado con objetivo de desterrar todo aquello que diga “género”.
Por su parte, organizaciones civiles, como Manuela Ramos y Flora Tristán, han reconocido la importancia de la prevención, sobre todo de la ESI, en el currículo escolar.
Educación sexual integral vs. embarazos adolescentes
Cuando se habla de la Educación Sexual Integral, son tres los puntos claves a considerar para su implementación: reducción del número de embarazos no deseados y adolescentes, de transmisiones del VIH y de la violencia de género. Precisamente, este primer punto se ha consolidado como una de las graves problemáticas que aquejan al Perú: durante los dos últimos años, el país ha superado el umbral de 40 mil partos (42 mil en 2023 y 50 mil en 2022).
Lamentablemente, data del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNV) evidencia que una situación similar podría darse este 2024, puesto que solo hasta el último domingo 14 de abril se contabilizaron 9.382 alumbramientos en menores entre 11 y 19 años.