El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular), involucrado en el caso conocido como ‘Los Niños’, emplea recursos del Estado con el objetivo de avanzar en la inscripción de su movimiento regional Adelante Áncash, según una investigación difundida este domingo por Punto Final.
El dominical reveló que, en enero pasado, el despacho de Espinoza realizó una solicitud de 10.000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Legislativo, material que fue destinado a la impresión de las fichas de afiliación a su agrupación. Las instalaciones de la oficina parlamentaria también se estarían empleando para almacenar las mesas que se emplean durante el proceso de recolección de firmas, necesario para formalizar la inscripción.
Extrabajadores del parlamentario, bajo condición de anonimato, contaron que fueron comisionados para recoger las rúbricas a riesgo de perder sus empleos si se negaban. Según sus testimonios, debían viajar a diversas localidades de Áncash, costeando de su propio bolsillo tanto sus gastos personales como la compra de incentivos, como gaseosas, galletas y, más económicamente, pelotas para motivar a las personas a firmar.
En un día laborable, mientras en el Congreso se votaba por la confianza al gabinete de Gustavo Adrianzén, tres empleados remunerados con fondos estatales fueron detectados recolectando firmas para Adelante Áncash en lugar de dedicarse a sus funciones oficiales. Se trata de Wilfredo Valencia, coordinador del despacho; Kevin Haro, técnico; y Héctor Camacho, auxiliar, todos asignados al despacho de Espinoza.
Los trabajadores no solo asumieron personalmente los costes asociados con los viajes y la manutención, sino también la compra de obsequios para estimular la firma de apoyo. Utilizaron un vehículo identificado por el congresista para desplazarse por la región.
El dominical también evidenció que Elizabeth Castillo, asistente del congresista, fue encargada de organizar el traslado de las fichas llenas a Lima, usando para su verificación el acceso al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), proporcionado por el Congreso, para confirmar la autenticidad de los datos de los firmantes.
La autoridad electoral registró un número anormalmente alto de consultas realizadas desde la cuenta vinculada a Espinoza, lo que podría implicar un uso indebido de información confidencial para fines políticos personales. Solo en marzo desde la cuenta de consulta de Espinoza se realizaron 1,851 consultas y, en este mes, la cifra ya supera las 1,150.
Diligencias
Por este caso, Reniec informó que la cuenta del legislador ya fue suspendida, mientras que la Procuraduría del Estado recaba información para determinar los delitos que habría cometido. Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética del Parlamento, Diego Bazán, anunció que el grupo “propondrá iniciar de oficio el procedimiento de indagación preliminar por presuntas faltas a la ética parlamentaria”.
“Yo no lidero ningún movimiento. Soy congresista y vocero de Acción Popular [...] Los trabajadores han ido para tareas específicas para que activen los centros de coordinación parlamentaria”, dijo el legislador, quien alegó que desconocía el uso de papel bond y del sistema de Reniec.
Aunque el hermano de Espinoza tramitó el Certificado de Reserva de Denominación de Adelante Áncash ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el diputado también aseguró que no mantiene una comunicación frecuente con él.
“Hace mucho, yo no converso con mis hermanos. ¿Recientes? No lo creo [que existan fotos recientes entre él y sus hermanos]. Son cosas de familia. Mi familia es política. Mi padre ha sido político y mi hermano, no solamente Renato, Ingrid, también Yuri, son políticos”, dijo al ser abordado en el Palacio Legislativo, aunque finalmente optó por retirarse e indicar que tomará “cartas en el asunto”.
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