En Perú, la minería ilegal en la Amazonía está amenazando a 32 distritos y 22 ríos en las regiones de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios, según un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) - Perú.
El informe, que recoge distintas investigaciones académicas, reportajes y análisis técnicos, evidencia un incremento notorio de esta actividad ilícita en los últimos tres años, poniendo cada vez más en jaque la biodiversidad y los recursos hídricos de más del 60% del territorio peruano.
Específicamente, el estudio identifica que el 66.66% de la actividad de minería aluvial, que se realiza generalmente en las orillas de los ríos, utiliza maquinaria prohibida, tales como dragas de diferentes tamaños, para extraer oro de los ríos, siendo la región de Madre de Dios la más afectada.
Asimismo, entre los cursos de agua impactados se encuentran el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Mazán, Curaray, Putumayo, Tapiche, Yaguas, Cenepa, Pachitea, Pozuzo, Yuyapichis, Inambari, Madre de Dios, Malinowski, Punkiri, Pariamanu, y otros afluentes de la cuenca de Madre de Dios.
¿Por qué sigue aumentando la minería ilegal en el Perú?
Siguiendo el estudio, la expansión de la minería ilegal podría significar un incremento en la deforestación, tal como ya ha ocurrido en Madre de Dios, donde se perdieron 18 mil 421 hectáreas de bosque entre 2021 y 2022. Asimismo, la construcción de infraestructuras como carreteras facilita el acceso a las áreas donde se lleva a cabo la actividad ilícita, incrementando el problema.
“Mientras las tendencias del mercado y los precios del oro se mantengan y los temas estructurales, de falta de empleo y pobreza, además del poder y la presencia de grupos de crimen organizado, incluso transnacionales, que ahora están en el negocio del oro, eso va a continuar”, comenta Martín Arana, autor del referido informe y representante de FCDS-Perú.
En paralelo, la contaminación por mercurio, utilizado en el proceso de extracción, supone un riesgo adicional, afectando la salud de la población y la biodiversidad acuática.
No obstante, expertos de la FCDS-Perú y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) precisan que la falta de sistemas efectivos de monitoreo y control aún dificulta la cuantificación y mitigación total de este delito ambiental.
“Es difícil cuantificar (...) es un desafío encontrar un sistema para medir, evaluar y monitorear cómo se desarrolla esta actividad, sobre todo en estas etapas (...) no hay un informe ni reportes que sistematicen y den cuenta de la situación de la minería ilegal en el Perú, a nivel general de la Amazonía no hay. Es una gran carencia de información y es tarea del Estado cubrir esta brecha”, advierte Arana
¿Cuál es la solución para frenar esta problemática?
De acuerdo a la investigación trabajada, la formalización minera se presenta como una solución parcial, aunque el proceso se ve obstaculizado por la lentitud y la complejidad burocrática.
A julio de 2023, solo el 21.58% de los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —que agrupa a los pequeños mineros y mineros artesanales, y los exime de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal— mantenían su estatus activo, demostrando la necesidad de reformas y una mayor eficacia en las políticas de regulación y control.
Por ello, los especialistas recalcan que, en este contexto, se vuelve urgente desarrollar estrategias integradas y efectivas para combatir la minería ilegal en la Amazonía, protegiendo sus ecosistemas críticos y las comunidades que dependen de ellos.
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