El Poder Judicial aprobó la solicitud presentada por el Ministerio Público para implicar a la Policía Nacional (PNP) como entidad civilmente responsable de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en noviembre de 2020, durante la represión en las protestas desatadas por la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) —quien patrocina a los deudos—, informó este jueves que el requerimiento fiscal fue declarado fundado, con lo cual se abre una puerta para que se evalúen las acciones y protocolos de la PNP durante la crisis social estallada hace cuatro años.
La semana pasada, el estudio Arbizu & Gamarra, que respalda legalmente a los parientes de Bryan y algunos heridos de las protestas, compartió el resultado de un peritaje balístico que confirmó el uso de municiones letales contra manifestantes, quienes no portaban armas de fuego o explosivos durante los incidentes, de acuerdo con el mismo documento.
La firma de abogados resaltó que estos resultados son importantes para demostrar el uso indebido y desproporcionado de la fuerza policial, así como la no resistencia u oposición violenta de las víctimas que ejercían su derecho a la protesta.
blockquote class="twitter-tweet">#JUSTICIA El @Poder_Judicial_ acaba de emitir resolución declarando fundado el pedido de la fiscalía para constituir a la Policía Nacional del Perú como tercero civil responsable en el caso de los asesinatos de #Inti Sotelo y #Bryan Pintado perpetrados el 14 NOV2020.
— Carlos Rivera Paz (@IDL_Rivera) April 11, 2024
Las manifestaciones de noviembre de 2020, que se extendieron por varios días en distintos puntos de Lima, surgieron como respuesta al vacío presidencial y la instauración de Merino, considerada ilegítima por amplios sectores de la población.
Son once policías investigados por haber disparado con perdigón de plomo contra Inti y Bryan, quienes fueron reconocidos como los “héroes del bicentenario”, una denominación para los jóvenes que salieron a las calles de manera masiva al considerar como un golpe de Estado la llegada al poder de Merino tras precipitar en el Congreso la polémica destitución de Vizcarra.
Pese a que algunos sectores del Ejecutivo sugirieron que los proyectiles provendrían de armas de fabricación casera disparadas por los propios manifestantes, esto fue descartado por la investigación forense. Bryan sufrió heridas mortales a causa del impacto de diez perdigones de plomo en la cabeza, el tórax y el cuello, mientras que Inti fuero de manera letal en el pecho.
En ese momento, el exministro del Interior, José Elice, ordenó brindar toda la información de la que se disponga a la Fiscalía y agregó que también se están revisando los protocolos de derechos humanos de la Policía para reforzarlos con “más capacitación”. Las víctimas de la represión, en tanto, constituyeron una asociación para reclamar de manera unida justicia y reparación.
La presión social y política hizo insostenible la permanencia de Merino, quien quedó incurso en una investigación por homicidio doloso y lesiones graves, y renunció el 15 de noviembre de 2020, tan solo cinco días después de haber asumido.
Su dimisión abrió paso a la sucesión presidencial de Francisco Sagasti, elegido por el Parlamento como parte de un acuerdo político. Aunque su gobierno fue de corta duración y tuvo que navegar por un entorno político y sanitario complejo, es recordado por llevar una gestión enfocada en la conciliación y el diálogo.
En 2021, entregó el mando a Pedro Castillo, quien prometió abordar las desigualdades en el país y realizar reformas significativas en varios sectores. A la fecha, se encuentra recluido en el penal de Barbadillo luego de su intento de disolver el Legislativo y gobernar por decreto.