Dina Boluarte ya tiene en sus manos la autógrafa para el Retiro AFP, ¿qué es lo que sigue?

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, firmó la autógrafa de ley que permite el retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) de las cuentas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Como dicta el trámite, la medida que permitiría a los afiliados acceder hasta un máximo de 20.600 soles de sus fondos provisionales, ya fue remitida al Poder Ejecutivo.

La presidenta Dina Boluarte y su equipo gubernamental tienen un plazo de hasta 15 días hábiles para evaluar la legislación, que de ser aprobada, marcaría el séptimo retiro facultativo permitido a los afiliados de las AFP. La legislatura aún debe enfrentar varios procesos antes de su implementación efectiva, incluyendo la evaluación técnica y política por parte del ejecutivo.

Según el Reglamento del Congreso, si después del plazo asignado, el gobierno no ha realizado observaciones ni promulgado la norma, el presidente del Parlamento procederá a ordenar su publicación oficial.

La discusión en el Congreso estuvo marcada por un intenso debate, con diferencias de opinión entre los parlamentarios respecto a la inclusión de la reforma del sistema de pensiones en la agenda. Finalmente, la propuesta de reforma fue descartada con 74 votos en contra, 20 a favor y 10 abstenciones.

Entre los argumentos presentados por los legisladores a favor de la liberación de fondos, destacaron la necesidad de los afiliados de disponer de sus ahorros frente a un contexto de ralentización económica, inflación y la urgencia de hacer frente a gastos familiares.

En la última sesión de la Comisión de Economía del Congreso, del jueves 4 de abril, Jose Arista, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, manifestó su preocupación por una propuesta que permitiría un séptimo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), subrayando que esto incrementaría drásticamente el número de afiliados que quedarían sin fondos, pasando de dos millones a más de siete millones.

En dicha exposición, Arista, anticipa que la aprobación de la reforma del sistema de pensiones podría realizarse en el corto plazo de “uno o dos meses”. El ministro también indicó que hay varios problemas inherentes al actual esquema previsional, como la baja cobertura, dado que solo el 30% de la población económicamente activa contribuye, y el hecho alarmante de que el 45% de los adultos mayores en Perú no reciben ninguna pensión.

Además, Arista expresó su oposición a las propuestas de permitir el uso del 50% del fondo de pensiones para financiar una hipoteca o para establecer una pensión basada en el consumo, argumentando que tales medidas podrían perjudicar el financiamiento fiscal y disminuir las pensiones futuras. La proposición de reforma, que incluye un sistema multipilar con mayor competencia en el sector privado, es vista con buenos ojos por el ministro.

En una columna de Roxana Barrantes para el portal Jugo de Caigua profundiza en el debate del retiro de AFPs, el sistema de pensiones y la dificultad para ahorrar de los peruanos. Tradicionalmente, la capacidad de ahorro está directamente relacionada con la confianza en el futuro económico y político, un factor que ha variado considerablemente en el contexto peruano desde la implementación de los sistemas privados de pensiones o AFP en la década de los 90.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) surgieron como una innovación para mejorar el sistema de jubilación, prometiendo ser manejadas por expertos financieros con una visión a largo plazo. Sin embargo, tras tres décadas de implementación, el modelo ha enfrentado diversos desafíos, entre ellos, la falta de aportes sostenidos debido a la informalidad laboral y las fluctuaciones en la participación en el mercado laboral formal de los peruanos. Esta situación ha comprometido la acumulación eficiente de ahorros en las cuentas individuales de los cotizantes, limitando la capacidad de los fondos para generar rendimientos significativos.

En la economía de mercado, se esperaba que el crecimiento económico y el aumento de la productividad laboral contribuyeran a mejorar las tasas de salario y reducir la informalidad laboral. Sin embargo, estos objetivos no se han materializado en la medida esperada en las últimas tres décadas.

La crisis desatada por la pandemia ha exacerbado estas preocupaciones, agregando incertidumbre sobre el futuro y poniendo en evidencia las limitaciones del sistema de pensiones para brindar seguridad económica a largo plazo. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la viabilidad de las AFP, demandando el acceso a sus fondos para atender necesidades inmediatas, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones privadas en Perú.