Cae empresario sindicado como el líder de red criminal en SJL: se apoderó de USD 15 millones por usurpación de inmuebles

Esta madrugada, un megaoperativo en La Molina llevó a la captura de siete presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Elegantes de San Juan de Lurigancho’. Esta banda se dedicaría a usurpar terrenos de los propietarios que no cuentan con documentos para acreditar su predio en zonas estratégicas del distrito.

Estas acciones delictivas estaban conectadas con diversas entidades para llegar al desalojo del predio en tiempo récord a favor de esta banda. El comandante Manuel Peña, jefe de Operaciones de la Diviac, explicó que se ha identificado a 150 víctimas que denunciaron el hecho.

Asimismo, detalló que los propietarios presentaban la denuncia, pero detrás había un personal dedicado a la conciliación. Además, estarían jueces que habían beneficiado a la red. Estos sujetos están acusados de participar en actividades criminales asociadas con la organización criminal y la usurpación agravada.

De esta manera, la estructura era desmantelar de sus propiedades a las personas que no contaban con viviendas saneadas, mediante el abuso de la autoridad legal y la manipulación de procesos judiciales, donde buscaban beneficiarse ilícitamente. Las autoridades continúan investigando el alcance de las actividades.

De acuerdo con la tesis fiscal, lo primero que hacía los integrantes de esta organización era localizar los bienes inmuebles de su interés para luego hacer uso de mecanismos ilícitos, como interdictos por recobrar y ocupantes precarios, junto con la simulación de contratos de compra-venta a través de empresas ficticias denominadas ‘Canto Grande S.R.Ltda’ y ‘Canto Grande SAC’.

Su modo de operación incluía la venta y la hipoteca de estos inmuebles a terceros. La forma en que procedían tras identificar la propiedad deseada era mediante la ejecución de actos de conciliación, y utilizaba testaferros que, después de registrar la propiedad a su nombre ante los Registros Públicos, presentaban demandas de desalojo por ocupante precario ante los juzgados civiles en este distrito.

Estos actos aparentemente se veían facilitados enormemente por influencias dentro del sistema judicial, permitiendo que los desalojos se realizaran de manera expeditiva, sin la debida verificación por parte de los jueces, afectando así a los legítimos poseedores de los predios.

De acuerdo con la información de las autoridades, Sandro Enrique Antenor Herrera Granda sería el líder de esta red criminal que operaba desde el 2016. Asimismo, se desempeña como gerente de Canto Grande S.R.

Empresario habría utilizado sus conexiones con abogados y empresarios para llevar a cabo procedimientos judiciales de este tipo con la finalidad de despojar a los legítimos propietarios de sus inmuebles. Este modus operandi incluía la creación de documentos falsos, tales como actos de conciliación y contratos de compra-venta, para luego simular las ventas a favor de la empresa mencionada.

Diversas denuncias se fueron sumando, por lo que esta red habría obtenido un total de ingresos de 15 millones de dólares desde que comenzó a operar.

En la mira de esta red estaban los adultos mayores que vivían más de 50 años en sus viviendas, pero eran sorprendidos por estos sujetos para que puedan llegar a contar con los documentos. Luego, se enteraban de las denuncias e incluso que ya había una orden de desalojo.

El Ministerio Público y los agentes de la Diviac realizaron este operativo. Asimismo, las investigaciones continúan luego de recoger los documentos en su vivienda ubicada en La Molina.

En el operativo, participaron 300 agentes policiales y 27 fiscales especializados, donde se allanó 23 inmuebles, en Lima. Las operaciones se llevaron a cabo en varios puntos y estuvieron dirigidas por esta división.