La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pablo Sánchez por presunta infracción a la carta magna. Parlamentaria pide que exfiscal de la Nación sea inhabilitado por 10 años de la función pública.
Chirinos también le atribuye a Sánchez la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia por supuestamente haber ordenado suspender una diligencia en la sede del Instituto de Defensa Legal (IDL) tras la difusión de los denominados CNM Audios, que conllevó al destape del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
La denuncia recoge la declaración del fiscal Rodrigo Rurush ante el Ministerio Público, quien aseguró que Sánchez le dijo “suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias”.
El haber impedido ilegalmente una diligencia fiscal así como el permitir que una ONG despache desde la propia Fiscalía y allanarle el camino a su amigo el 🦎Vizcarra, constituyen delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Por ello, he… pic.twitter.com/beKDjV66dN
— Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) 11 de abril de 2024
En un comunicado de diciembre de 2023, el fiscal supremo rechazó la versión del fiscal Rurush: “Rechazo absolutamente la versión difundida por un medio local por ser totalmente falsa. En primer lugar, la frase de ‘atente a las consecuencias’ es un lenguaje que no es característico de mi forma de expresarme y nunca me hubiera atrevido a decirlo porque es incorrecto y abusivo”.
En dicho pronunciamiento, Pablo Sánchez indicó que se comunicó con el fiscal debido a que la diligencia se estaba dando de manera irregular, es decir, sin autorización del Poder Judicial.
“Yo jamás he interferido en la labor de los fiscales y de ello pueden dar cuenta todos los fiscales superiores coordinadores que trabajaban en estrecha coordinación con mi despacho. Si en esa oportunidad me comuniqué con un fiscal fue porque se estaba realizando una diligencia de manera irregular que traería cuestionamientos a la institución. Si revisamos las opiniones de conocidos abogados en esas fechas, todos coincidían en que se había producido una diligencia vulneratoria de derechos, no podía la institución dejar pasar algo así”, alegó Sánchez.
En la denuncia constitucional también se recoge material audiovisual de la conversación telefónica entre Rurush y Sánchez. En dicho extracto se desprende que la diligencia fue suspendida antes de la llamada.
“Sí, digame. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? (...) Efectivamente doctor, por disposición de la Fiscalía provincial estamos llevando a cabo una diligencia de exhibición de documentos y posible incautación de ser el caso. Sin perjuicio de ello, de un momento a otro ingresaron a la prensa. Entonces, en ese acto, estamos suspendiendo la diligencia, doctor. Nosotros no lo estamos llevando a cabo”, se le oye decir al fiscal Rurush.
Lluvia de denuncias
Además de Pablo Sánchez, Patricia Chirinos ha denunciado constitucionalmente a los otros fiscales supremos, a excepción de su coinvestigada Patricia Benavides.
Chirinos formuló la denuncia constitucional que acabó en la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Luego, cuando fue incorporada en la investigación contra Benavides, la congresista denunció a la fiscal suprema Delia Espinoza por supuesta falta de competencia.
Sin embargo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria resolvió que Espinoza Valenzuela sí tenía plena competencia para investigar la presunta organización criminal que lideraría la exfiscal de la Nación.
Luego, Patricia Chirinos denunció constitucionalmente al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por derivar el caso de Patricia Benavides a la fiscal Delia Espinoza.
En todas las denuncias, la legisladora ha solicitado que se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años de la función pública.
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