El congresista Wilson Soto Palacios, de la bancada de Acción Popular, busca restablecer la inmunidad parlamentaria, a través del proyecto de ley 5652/2023-CR. Este señala que los legisladores “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso de la República o de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas (...)”.
Soto Palacios presentó la propuesta ante la Comisión de Constitución y Reglamento para modificar la Constitución Política del Perú, específicamente el artículo 93, y así reintroducir este cambio para generar protección legal a los legisladores durante el ejercicio de su mandato.
También se sumaron, como coautores del proyecto de ley, los congresistas Jose Arriola, Darwin Espinoza, Carlos Alva, Jorge Flores, Elvis Vergara y Luis Aragón.
La propuesta también especifica que el Congreso será el responsable, de autorizar la “privación de la libertad y el enjuiciamiento, dentro del plazo improrrogable de 30 días calendario, caso contrario procede el silencio administrativo positivo” por los delitos flagrantes que cometan sus parlamentarios.
Esto marca un intento de revocar las restricciones impuestas por la ley de reforma constitucional N.º 3118 de febrero de 2021, que había eliminado dichas inmunidades. Soto argumenta que esta medida es esencial para fortalecer el Poder Legislativo y permitirle enfrentar eficazmente desafíos nacionales sin ceder ante presiones externas.
El congresista resaltó la vulnerabilidad de los legisladores a procesos legales que pueden debilitar su posición, sugiriendo que la restitución de la inmunidad parlamentaria serviría como un escudo contra intereses contrapuestos. Soto defiende la iniciativa como un medio para asegurar una representación legislativa efectiva, libre de la amenaza de acciones legales que podrían obstaculizar su labor de fiscalización, legislación y representación.
En respuesta a la presentación de esta propuesta, Martha Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución, afirmó que se convocará a especialistas para discutir el mérito de la reforma sugerida en sesiones futuras.
Sobre la inmunidad parlamentaria
Nuevamente, entra en debate restituir la inmunidad parlamentaria con la reciente sustentación del proyecto de ley de Wilson Soto ante la Comisión de Constitución del Congreso. La modificación que propone su dictamen ha sido ampliamente criticado en años pasados.
“La inmunidad parlamentaria constituye una garantía procesal penal de índole política de la que genera que los/as congresistas no puedan ser detenidos (inmunidad de arresto) ni procesados (inmunidad de proceso) sin la aprobación previa del Parlamento”, escribió Rafael Chanjan, abogado e investigador en Idehpucp del Proyecto Anticorrupción, en 2020, cuando el Congreso colocó el tema en agenda.
Las discusiones en torno a la inmunidad parlamentaria giran principalmente en torno a la percepción de que otorga un tratamiento preferencial inmerecido a los congresistas, lo cual va en detrimento de la igualdad ante la ley. Figuras notables como Francisco Eguiguren y Cesar Landa han manifestado su postura a favor de restringir o abolido completamente esta garantía.
Los expertos argumentan que no hay justificación para conceder inmunidad por actos delictivos cometidos antes de asumir el cargo, ya que ello contraviene el principio de igualdad ante la ley. Adicionalmente, el proceso de levantamiento de dicha inmunidad, al ser conducido por el mismo ente al que pertenece el acusado, plantea un conflicto de interés que vulnera el principio de imparcialidad en el manejo de casos penales.
¿Una herramienta de blindaje? Así funcionaba antes
La inmunidad parlamentaria fue históricamente eliminada el 4 de febrero de 2021 en una votación decisiva que contó con 103 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención. La abolición de esta prerrogativa se dio a raíz de una reforma constitucional promovida por el expresidente Martín Vizcarra, modificando el artículo 93 de la Constitución Política del Perú.
Antes de esta modificación, existía dentro del Parlamento la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, encargada de evaluar las solicitudes de levantamiento de inmunidad realizadas por la Corte Suprema del Poder Judicial.
Esta situación generó un paradigma en el que la ciudadanía percibía la inmunidad parlamentaria como un mecanismo de protección para los legisladores frente a acciones legales. La eliminación de esta figura fue recibida con aprobación popular.
Sin embargo, durante la votación para su derogación, se registraron 14 votos en contra, provenientes principalmente del partido Fuerza Popular y legisladores con cuestionamientos sobre su conducta, como Edgar Alarcón y Manuel Merino de Lama. La actual iniciativa del Legislativo para recuperar la inmunidad parlamentaria se presenta como un esfuerzo por restaurar una capa de protección legal para los miembros del Congreso.
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