Nuevas acciones se gestan desde el Legislativo contra el medio ambiente. Este miércoles, durante la sesión de la Comisión Agraria, realizada en Calca, Cusco, y presidida por la congresista Cruz María Zeta Chunga (Fuerza Popular), se intentó aprobar el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 7085, propuesto inicialmente por el Ejecutivo, mediante el cual se busca modificar el artículo 46 la Ley 29763 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”.
Esto con el objetivo de facilitar la exportación de especies forestales maderables que se encuentran en las listas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el convenio que regula el comercio internacional de especies que se encuentran bajo algún grado de amenaza.
Entre ellas, se encuentra el shihuahuaco, árbol emblemático de la Amazonía peruana amenazado por la tala ilegal y la destrucción de su entorno, además del comercio global, que, según los científicos, sin una intervención efectiva para protegerlo, podría desaparecer en la próxima década.
No obstante, aun así, desde el Ejecutivo y el Parlamento, se buscaría incorporar una metodología específica aprobada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) —entidad adscrita al Midagri que sigue sin pronunciarse acerca de la polémica “Ley Antiforestal”— que propone un cambio en la gestión y supervisión de la explotación forestal, generando preocupación acerca de la efectiva protección de recursos naturales amenazados.
Votación accidentada en la Comisión Agraria
Al momento de someter a votación el polémico proyecto de ley, el resultado fue cinco a favor, cinco abstenciones y dos en contra. Zeta Chunga emitió su voto a favor. Sin embargo, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) dio a conocer que la votación fue suspendida.
Durante el proceso de votación de dicho predictamen, un hecho llamó especialmente la atención cuando la secretaria técnica de la Comisión se abstuvo de leer los resultados de la votación, poniendo abruptamente fin al debate en el marco de la sesión extraordinaria.
Este momento suscitó una serie de exigencias y reclamos por parte de la congresista Sigrid Bazán, también del mismo partido que Luque, marcando un momento de tensión y controversia.
“Secretario técnico, no se ha leído el resultado de la votación. No se puede suspender una votación, señora presidenta. Queremos saber el resultado. ¿En qué parte del reglamento se puede suspender una sesión de esta manera? Señor secretario técnico, discúlpeme, pero no puede usted suspender una votación, tiene que decir el resultado y pasa a la audiencia, le toma 10 segundos. Los congresistas hemos votado, queremos saber cómo fue nuestros votos”, increpó Bazán a la presidenta de la Comisión Agraria, Cruz María Zeta Chunga, quien se mostró a favor de la Ley Antiforestal.
¿Cuáles son los riesgos del proyecto de ley 7085?
De acuerdo a especialistas en materia ambiental consultados por Infobae Perú, el PL 7085 surge en un contexto donde el Gobierno, reconociendo el elevado tiempo y recursos que demanda la supervisión de especies forestales y silvestres, busca flexibilizar los procesos de aprobación de planes de manejo forestal.
Pues, según plantea el Proyecto de Ley, mantener el esquema actual derivaría en prolongaciones de los plazos establecidos para la aprobación de dichos planes, afectando negativamente a la cadena productiva maderera asociada a ciertas especies enlistadas en los Apéndices CITES, como la caoba y el cedro.
“La propuesta normativa permitirá que la verificación de la existencia de los especímenes aprovechables declarados en los planes de manejo forestal y listadas en los Apéndices CITES se realice en un menor tiempo y con un menor gasto de las instituciones encargadas de realizar dichas diligencias”, se detalla específicamente en el documento.
Sin embargo, la iniciativa ha sido enviada exclusivamente a la Comisión Agraria del Congreso, sin pasar por un análisis más amplio por otras comisiones que podrían aportar a una evaluación más integral de sus impactos ambientales y socioeconómicos.
Asimismo, expertos en el tema detallan que la ausencia de una inversión adecuada en la supervisión de la explotación forestal y la protección de especies amenazadas dificultará un balance entre el aprovechamiento económico y la conservación de los ecosistemas.
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