Piden que Susana Villarán y otros acusados en caso Rutas de Lima paguen 267 millones de dólares en reparación civil

La Procuraduría Ad Hoc Lava Jato ha solicitado más de US$267 millones y otro monto superior a los S/ 7 millones en contra de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y las personas que están siendo investigadas junto a ella.

De acuerdo con El Comercio, este pedido se hizo en medio del proceso judicial que se le sigue a la ex burgomaestre por presuntos actos de corrupción en los que estaría involucrada. Las supuestas licitaciones fraudulentas de obras comprometen a empresas como Rutas de Lima y Odebrecht.

El juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, quien lleva el control preparatorio judicial del caso Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima), realizó esta pretensión después de requerir constituirse como actor civil en este proceso.

Romero, según el mismo medio, habría afirmado que la procuraduría cumplió con sustentar su requerimiento con prueba documental pertinente, por lo que su legitimidad se ve reforzada.

“Se aprecia que la solicitud formulada ha cumplido con indicar el nombre de cada investigado y el delito que es materia de la presente investigación formalizada; asimismo, se advierte que la entidad recurrente ha cumplido con exponer las razones que justifican su pretensión”, menciona el juez.

Actualmente, Villarán se encuentra siendo investigada, bajo comparecencia, por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y organización criminal.

Las diligencias también comprenden la gestión del fallecido alcalde la capital, Luis Castañeda Lossio. Entre los exfuncionarios de Susana Villarán que están incluidos se encuentran: Miguel Alfredo Flores Dueñas, Norma Ana Montoya Blua, Daniella Canales Hernández, Domingo Arzubialde Elorrieta, Juan Andrés Ramos Arapa, Carlos Fernando Steiert Goicochea y Juan José Neyra Montes. En cuanto a Castañeda, hay otros diez trabajadores que han sido incorporados.

Las investigaciones sugieren que Susana Villarán, aprovechando su posición como alcaldesa de la ciudad, habría acordado de manera indirecta con Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, y Raúl Ribeyro Pereyra, representante de Rutas de Lima, para manipular los contratos y adendas relacionadas con la obra del Puente San Pedro. Esta estrategia habría incluido la sobrevaloración de trabajos y el incremento de las tarifas de peajes, lo que pudo haber ocasionado un perjuicio económico considerable para el Estado peruano.

La fiscalía apunta a que en agosto de 2013 y abril de 2014, la exalcaldesa y sus socios habría acordado adendas que implicaban la reconstrucción del Puente San Pedro, a pesar de contar con una póliza de seguro que cubría los gastos, lo que resultó en una sobrevaloración de más de S/ 673 mil.

Por otro lado, en febrero del mismo año, se modificó el contrato de concesión con Rutas de Lima, por lo que se habría beneficiado al consorcio mediante el aumento de tarifas de los peajes.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial acciones correctivas contra Susana Villarán por haber incumplido las condiciones impuestas en su proceso judicial. Este pedido no está relacionado con las imágenes que se difundieron donde se ve a la antigua autoridad edil disfrutando de una piscina en una residencia en Lurín, sino por no haber cumplido con el requisito de control biométrico en noviembre de 2023.

En cuanto a la piscina donde se le había visto, la Municipalidad de Lurín procedió a demoler la construcción. Este espacio fue construido ilegalmente en su casa, ya que invadía la vía pública de la playa Arica.

En 2020, la prisión preventiva que se había impartido en su contra fue sustituida por arresto domiciliario debido a preocupaciones por su salud y riesgo de contagio de COVID-19. La exalcaldesa admitió en 2019 haber recibido fondos de constructoras brasileñas.