Oficializan retorno a la Carrera Pública Magisterial de profesores cesados por desaprobar o no rendir evaluación

El Congreso de la República oficializó la Ley N.º 31996 que permite el retorno de profesores que desaprobaron o no rindieron la evaluación que les correspondía a la Carrera Pública Magisterial (CPM). La norma fue publicada en el diario El Peruano.

Para ello, la normativa también autoriza al Ministerio de Educación (Minedu) realizar una evaluación única y excepcional. Este examen tendrá en cuenta la competencia pedagógica y trayectoria profesional y laboral del maestro. Solo serán incluidos en la primera escala magisterial los profesionales que aprueben esta prueba.

La ley establece que solo podrán rendir la evaluación los profesores que cumplan con acreditar un título de profesor o de licenciado en educación, obtenido desde el 26 de noviembre de 2012 hasta el 25 de noviembre de 2014. Además, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, salvo lo dispuesto en la vigésima quinta disposición complementaria, transitoria y final de ese mismo documento.

El Ministerio de Educación también pondrá a disposición de los maestros que fueron retirados un “programa de fortalecimiento de capacidades”. De esta manera, se busca que estén mejor preparados para el examen que deberán rendir.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo, a propuesta del Minedu, deberá aprobar el reglamento de esta ley en un plazo máximo de 60 días. Este documento deberá contener los requerimientos, procedimientos e instrumentos específicos para la prueba excepcional. Asimismo, deberán adecuar el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobada por el Decreto Supremo 004-2013-ED, a lo dispuesto en el artículo 5 y 6 de la norma publicada este 10 de abril.

El Gobierno de Dina Boluarte observó la ley aprobada por el Congreso de la República. La normativa en cuestión fue apoyada inicialmente por la Comisión de Educación, pero fue criticada por promover prácticas que, según el Ejecutivo, van en contra de principios fundamentales como la meritocracia y el aseguramiento de la calidad educativa.

El Minedu, por su parte, destacó que existe el riesgo de Afectar la igualdad y no discriminación entre docentes, además de señalar preocupaciones sobre la iniciativa de gasto y la Carrera Pública Magisterial.

La problemática se centra en la propuesta de reinstaurar en sus puestos a aproximadamente 14 mil docentes interinos que fueron cesados en 2014. Esta medida legislativa busca beneficiar a aquellos profesionales cuyos nombramientos temporales se basaron en una ley de 1984, que ofrecía un periodo para que los educadores sin título pedagógico obtuvieran la certificación necesaria, explicó la exministra de Educación, Magnet Márquez, a RPP.

Sin embargo, el Minedu remarcó que la posible discriminación y conflictos que esta norma podría generar entre los docentes al alterar los criterios de igualdad en los procesos de evaluación y acceso al magisterio.

Durante un Consejo de Ministros, liderado por su expresidente Alberto Otárola, se aprobó una propuesta del Ministerio de Educación enfocada en destituir a aquellos maestros que mantengan ideologías contrapuestas a la Constitución Política del Perú. Esta medida busca prevenir que los profesionales de la educación pertenezcan a movimientos que desafíen el orden constitucional, el sistema democrático y los derechos humanos.

El cambio se incorporaría mediante una modificación a la Ley N.º 29944, también conocida como Ley de Reforma Magisterial, detalló Miriam Ponce, la entonces titular de la cartera.

La entidad ha coordinado con el Ministerio del Interior (Mininter) para rastrear y sancionar a aquellos docentes con tendencias a propagar ideologías extremistas. Esta cooperación incluye el acceso a bases de datos que permiten la identificación de educadores previamente vinculados a este tipo de movimientos, como el caso del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso.