El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, anunció este miércoles que el Ejecutivo aprobó extender el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz (La Libertad), donde el fin de semana una persona murió y otras dos quedaron heridas tras un enfrentamiento entre trabajadores de la mina de oro Poderosa y mineros ilegales que intentaron tomar una bocamina de esa explotación.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el premier detalló que la norma también se prolongará en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla, en Loreto; y agregó, de manera particular, que será variada en Pataz para que el control del orden interno lo asuma ahora la Policía Nacional (PNP) con apoyo de las Fuerzas Armadas.
“La criminalidad organizada está afectando seriamente la seguridad ciudadana y ese es el motivo por el que, en particular, en estas regiones se va a ampliar la emergencia”, sostuvo. A mediados de febrero, el Ejecutivo declaró la medida por 60 días ante el auge de bandas internacionales dedicadas a la extorsión y minería ilegal.
Según las autoridades, el crimen organizado ha cambiado sustancialmente en los últimos años tras la crisis migratoria en Venezuela, el tráfico de armas de fuego y la presencia de bandas como el Tren de Aragua. En Trujillo, en lo que va del año se produce casi una muerte por día, mientras que en Pataz son al menos 20 las bandas de minería aurífera ilegal, que han sido denunciadas por la voladura de siete torres de alta tensión de energía eléctrica, ataques con dinamita a compañías mineras formales y fuerzas policiales.
“Lo agreste de la zona [en Pataz] hace que las operaciones nocturnas que desarrollan estos delincuentes criminales les permitan tener ese tipo de acciones”, indicó Adrianzén al informar que ya ha tenido una reunión con representantes de los servicios de Inteligencia, de los ministerios del Interior y de Defensa, y de la mina Poderosa.
“Hemos tomado varias acciones vinculadas a este tema que, por la naturaleza de estas actividades, no puedo revelar, porque no puedo informar a los delincuentes qué es lo que se va a hacer. Pero lo que puedo asegurar que en los próximos días se van a producir detenciones importantes”, dijo.
“Se van a realizar desvelamientos de alijos donde guardarían parte de su armamento y, en general, lo que queremos es hacer un control territorial zonal por las secciones donde hay mayor incidencia dentro de lo inmenso que es la concesión [Poderosa]”, acotó cinco días después de que mineros ilegales que atacaran la mina.
El gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, Pablo de la Flor, sostuvo que “es difícil de entender” que haya sucedido a pesar de la presencia de militares y consideró que el ataque es una aparente consecuencia de la derogatoria de un decreto en el Congreso que permitía el combate en forma “más contundente” de la minería ilegal en el país.
Tras conocer la información difundida por el directivo, Adrianzén mostró su “repudio ante cualquier tipo de acciones de esta naturaleza que no hacen, sino generar terror” y dispuso que las fuerzas de seguridad intervengan de inmediato.
Según datos del Ejecutivo, desde que se declaró el estado de emergencia en Pataz, se han realizado 79 operativos y 30 operaciones de interdicción contra la minería ilegal, que, entre otros resultados, permitieron el rescate de tres víctimas del delito de trata de personas, dos de las cuales eran menores de edad.
Además, fueron destruidos 85 equipos de procesamiento mineral y 13 tractores, quedaron detenidas 48 personas presuntamente involucradas con la minería ilegal y se incautó unos 15 vehículos, 1.711 cartuchos de dinamita, 58 kilos del explosivo anfo (nitrato de amonio y combustible) y 4.423 galones de combustible.
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