JNE rechaza dictamen para que el Congreso pueda destituir a miembros del sistema electoral y denuncia que no fueron citados

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó el dictamen de la Comisión de la Constitución del Congreso que propone incorporar a los miembros del sistema electoral (JNE, Reniec y ONPE) en el grupo de altos funcionarios pasibles de denuncia constitucional.

Hoy, a partir de las 10:00 de la mañana, la Comisión de Constitución que preside la fujimorista Martha Moyano debatirá y votará el proyecto de ley que modifica el artículo 99 de la Carta Magna para incluir a los magistrados del JNE y a los jefes del Reniec y la ONPE, pese a que estos no han sido invitados a la referida sesión.

“Es pertinente hacer presente que ni el JNE ni los demás organismos del Sistema Electoral han sido convocados a la sesión de la comisión”, se lee en el comunicado emitido por el máximo tribunal electoral.

En caso de que los miembros del sistema electoral puedan ser pasibles de denuncias constitucionales, el Congreso podría, arbitrariamente, suspenderlos, destituirlos e inhabilitarlos hasta por 10 años, vulnerando la independencia de los órganos encargados de llevar a cabo los comicios.

En su pronunciamiento, el JNE reitera su posición institucional, que fue remitida a la Comisión de Constitución. En dicho informe, la entidad advierte que la iniciativa es contraria “a los principios que sostienen a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho”.

Recordaron que el JNE “proclama los resultados de los procesos electorales (como las elecciones presidenciales y congresales), resuelve procedimientos y controversias jurídicas en la que las organizaciones políticas representadas en el Parlamento a través de bancadas tienen la condición de parte”.

Precisaron que la postura en contra de que los miembros del sistema electoral puedan ser denunciados constitucionalmente “en modo alguno implica que se promueva la impunidad o ausencia de control”. Ello debido a que las decisiones que tomen pueden ser impugnadas en la vía constitucional en el Poder Judicial.

Los miembros del JNE aseveraron que la posibilidad de que el Parlamento pueda sancionar a autoridades electorales, en base a una “valoración política y no jurídica”, va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH “porque podría colisionar con los intereses políticos de los miembros del Congreso de la República, configurándose una clara vulneración al derecho de ser juzgado por jueces imparciales”.

Firman el pronunciamiento el pleno del JNE, integrado por los magistrados Jorge Luis Salas Arenas, Martha Maisch Molina, Willy Ramírez Chávarry, Jovián Sanjinez Salazar y Aaron Oyarce Yuzzelli.