Frontera Perú-Ecuador: mineros ilegales son abastecidos desde Cajamarca por contrabandistas ecuatorianos

En la provincia de San Ignacio en Cajamarca, la minería ilegal se ha intensificado tras la pandemia del Covid-19, especialmente en los distritos de Namballe, San Ignacio y San José de Lourdes.

De acuerdo a un reportaje del periodista Ronar Espinoza Guerrero —difundido por Radio Marañón—, esta problemática se agrava debido al apoyo de mineros ecuatorianos a través del contrabando de insumos a mineros ilegales y aquellos en proceso de formalización. Pues, en dicho punto, se sitúa la frontera que Perú comparte con Ecuador, exactamente 106 kilómetros que pertenecen a la provincia de San Ignacio.

En ese sentido, desde el año pasado, las rondas campesinas de Namballe vienen alertando a las instituciones en material ambiental, tales como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Administradora del Agua Chinchipe-Chamaya, y los ministerios de Relaciones Exteriores, del Ambiente, y de Energía y Minas, sobre estas actividades vinculadas al crimen organizado.

Esto debido a que diariamente son testigos de cómo las operaciones de los mineros ilegales impactan en el ambiente y sus entornos, lo que las ha llevado a organizarse de manera autónoma para defender su territorio y medios de vida.

Además, han denunciado la situación de contaminación de ríos y el impacto negativo en las principales actividades económicas de la región: la agricultura, la ganadería y el cultivo de café.

Espinoza Guerrero de Radio Marañón reporta que el ciudadano Francisco Romero Chanta ha sido identificado como uno de los organizadores de estas operaciones ilegales, facilitando la entrada de mineros ecuatorianos a la región, entre ellos a José Germán López Sivisaca, alias “Pepe Mina” o “Pepe López”.

Este último, conocido desde 2019 por sus actividades en el distrito de El Cenepa en Amazonas, habría estado implicado en el traslado de material aurífero hacia plantas de procesamiento en Ecuador, evidenciando un patrón de crimen organizado que trasciende las fronteras nacionales.

En el marco de la problemática, las rondas campesinas de Namballe han documentado una serie de oficios para demostrar la colaboración existente entre ciudadanos de ambos países para explotar ilegalmente los recursos minerales del Perú.

Desde febrero de 2023, mediante sus intervenciones, constataron, por ejemplo, que Marvin Alexander Solano Vilca, un ciudadano peruano, fue detenido mientras transportaba una retroexcavadora hacia el río Chinchipe, destinada a la extracción de oro.

Asimismo, el 21 de febrero del año pasado, una grúa con matrícula ecuatoriana fue detenida con maquinaria para minería en un paso ilegal apenas vigilado.

Y, en octubre del 2023, cerca del río Chinchipe —punto estratégico de operaciones mineras clandestinas—, las rondas campesinas fueron atacadas por un grupo armado con piedras, machetes y palos.

Según el reportaje de Espinoza Guerrero, detalla que un informe de la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca, emitido tras visitas de campo realizadas entre el 13 y el 19 de julio de 2023, ha puesto de manifiesto varias irregularidades y problemas ambientales severos derivados de la extracción minera ilegal.

Entre los puntos más alarmantes se encuentran el descontento social y enfrentamientos ocasionados por la actividad, el uso indebido y de gran escala de maquinaria para la remoción de material en los cauces fluviales, y la sospecha de control de estas operaciones por parte de ciudadanos ecuatorianos.

Además, se destaca el mal uso de los procesos de formalización minera y la falta de supervisión en la zona fronteriza, lo cual facilita las operaciones ilegales.

Por otro lado, el jefe del Puesto de Vigilancia de Fronteras de la Policía Nacional del Perú en Alto Cocha – San Ignacio, Superior Brigadier Jorge Alexander Flores Vera, ha informado de operativos realizados en febrero de este año que evidenciaron el transporte de combustible ilegal y maquinaria a través del río Chinchipe.

Por ello, la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca sugiere la creación de una mesa de trabajo binacional y el impulso de proyectos económicos alternativos para las comunidades locales, buscando así una solución sostenible al problema de la minería ilegal y sus consecuencias socioambientales.