La provincia de Pataz, ubicada en el departamento de La Libertad, se encuentra sumergida en una profunda crisis de seguridad debido a la prevalencia de minería ilegal y el aumento consecuente de la violencia y los daños ambientales y sociales, estos últimos incluyendo la explotación de personas a través de la trata.
Esta alarmante situación ha motivado al Estado peruano a declarar el estado de emergencia en la región, otorgando a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional el control del orden interno, en un esfuerzo por restaurar la paz y detener las actividades ilícitas.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, se desplazó recientemente a Pataz con el propósito de supervisar personalmente las operaciones militares que se ejecutan en respuesta a esta crisis. Junto a él, estuvieron el General PNP Martín Villalón Trillo y otros oficiales destacados, todos con el objetivo común de inspeccionar las acciones llevadas a cabo en cooperación con el Ministerio Público para combatir directamente a los grupos criminales detrás de los recientes atentados.
Primer ministro Gustavo Adrianzén condenó atentado en Pataz
Ante los recientes ataques perpetrados contra dos torres de alta tensión en Pataz, donde opera la empresa minera Poderosa, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, ha expresado su firme condena hacia estos actos violentos que solo buscan infundir terror en la población y recurren a métodos intolerables.
En una entrevista con Canal N, Adrianzén reafirmó su compromiso de hacer frente a cualquier tipo de acciones de esta naturaleza que atenten contra la seguridad y la paz en la zona. “Lo primero que tengo que hacer es mostrar mi repudio a cualquier tipo de acciones de esta naturaleza que no hacen sino generar terror. Nos hace recordar los horrendos años ochenta cuando se utilizaban estos métodos inaceptables”, indicó
El primer ministro Adrianzén destacó la presencia activa del Ejército y la Policía Nacional en la región, con un total de 510 efectivos, quienes están trabajando de manera coordinada para garantizar la tranquilidad de la población. “El área (donde ocurrió el atentado) es muy extensa, lamentablemente no podemos estar con efectivos en cada torre como nosotros quisiéramos; entonces, aprovechando estas especiales circunstancias, cometen estos crímenes”, expresó.
Pataz está en estado de emergencia desde febrero de 2024
Desde el inicio del estado de emergencia en febrero de este año, las fuerzas del orden han llevado a cabo 79 operativos y 30 operaciones de interdicción contra la minería ilegal. Estos esfuerzos han resultado en el rescate de tres ciudadanos víctimas de trata de personas, incluyendo dos menores de edad, y la detención de 48 personas vinculadas con actividades mineras ilícitas.
Además, se ha logrado incautar materiales y equipos valorados en aproximadamente 36 millones de soles (cerca de 9,7 millones de dólares). Entre los bienes confiscados se encuentran 15 vehículos, 1.711 cartuchos de dinamita, 58 kilogramos de anfo y 4.423 galones de combustible, así como la destrucción de 85 equipos de procesamiento mineral y 13 tractores.
La declaración de estado de emergencia en la zona ha permitido una mayor coordinación entre las fuerzas del orden para hacer frente a la criminalidad, según refirió el primer ministro Gustavo Adrianzén y aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias para prevenir nuevos actos criminales y proteger a la población afectada.
Atentados profundizan el clima de inseguridad y violencia en Pataz
En un claro indicador de la magnitud y gravedad del problema, el viernes 5 de abril, delincuentes en complicidad con mineros ilegales llevaron a cabo un atentado criminal contra La Poderosa, una de las minas más importantes de la región, dinamitando dos torres de alta tensión y causando la interrupción del fluido eléctrico.
Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa, detalló el trágico saldo de estos ataques, que incluye la pérdida de al menos 14 vidas y el resultado de más de 15 heridos en los últimos tres atentados, profundizando así el clima de inseguridad y violencia en Pataz.
“Han pretendido tomar parte de nuestras operaciones y lo que se está dando en estos momentos es un enfrentamiento para repeler este ataque. Nos solidarizamos con las familias de los trabajadores”, expresó De la Flor, evidenciando el alto costo humano de esta situación. Con el último atentado, ya van 15 torres de alta tensión derribadas por grupos criminales.
Resulta alarmante el incremento de delitos vinculados con la minería ilegal en Pataz, con cerca de 30 incidentes reportados solo en el año 2023. La inacción legislativa contribuye al problema, con De la Flor apuntando a la responsabilidad de ciertos miembros del Congreso de la República por su falta de apoyo y la derogación de leyes cruciales contra la minería ilegal.
Contrastando con los ricos ingresos obtenidos de la minería, los residentes de Pataz padecen déficit en infraestructura básica, careciendo de carreteras adecuadas, comisarías operativas y centros de salud en óptimo estado. Pese a los esfuerzos del Ejército (EP) y la Policía Nacional del Perú (PNP), desplegando al menos 300 efectivos en la zona, para los habitantes de Pataz el estado de emergencia parece no funcionar.