Pataz, la provincia de La Libertad, reconocida por sus fértiles valles y su intensa actividad minera, sigue enfrentando una situación de violencia persistente a pesar de la declaración de estado de emergencia por parte del gobierno de Dina Boluarte, como medida contra la minería ilegal que opera coludida con las organizaciones criminales dedicadas al sicariato, extorsión y secuestros.
En la sierra de la región liberteña se encuentran diversas minas que han sido explotadas a lo largo del tiempo para la extracción de minerales como oro, plata, zinc, plomo y cobre, entre otros. La actividad minera en Pataz ha sido una importante fuente de empleo, pero también el causante de disputas de las organizaciones criminales que se han potenciado por la mineria ilegal.
Precisamente, ayer viernes 05 de abril se produjo el último atentado criminal contra una de las mineras más importantes de Pataz. Dos torres de alta tensión alojadas en las áreas de la mina Poderosa fueron dinamitadas por quienes serían delincuentes en complicidad con mineros ilegales, según informó Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa.
Posteriormente a este hecho que interrumpió el fluido eléctrico, los criminales intentaron tomar parte de las operaciones de la Poderosa irrumpiendo en dos galerías de la mina. Como consecuencia de esta violencia, una persona murió y dos quedaron gravemente heridas.
“Han pretendido tomar parte de nuestras operaciones y lo que se está dando en estos momentos es un enfrentamiento para repeler este ataque. Nos solidarizamos con las familias de los trabajadores”, contó De la Flor en diálogo con Canal N.
El representante de la mina Poderosa destacó que este atentado marca el lamentable episodio de la destrucción de 15 torres de alta tensión en su zona, con un saldo de al menos 14 vidas perdidas y un aproximado de 15 heridos durante los últimos tres ataques. El pasado incidente se remonta a diciembre de 2023, donde trágicamente perdieron la vida nueve personas, entre ellos, policías y varios mineros.
La cifra de muertes vinculadas a la minería ilegal es escalofriante y no ha cesado y parece estar lejos de cesar a pesar que la declaratoria de emergencia ha establecido la presencia de al menos 300 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército (EP) en la zona durante lo que dure la medida. Para los residentes de Pataz, el estado de emergencia “no funciona”.
El Congreso también es responsable
A lo largo del año 2023, Pataz ha experimentado aproximadamente 30 delitos vinculados con la actividad de la minería ilegal. El representante de la mina Poderosa también atribuye parte de la responsabilidad por estos crímenes a la falta de acción de algunos miembros del Congreso de la República, poder estatal que recientemente derogó la ley contra la minería ilegal.
“Hay voluntad política de parte del Ejecutivo, lamentablemente no vemos el acompañamiento del Legislativo. Hay un grupo de congresistas que vienen actuando de manera cercana con estos intereses de los mineros ilegales y que son los responsables de haber derogado el instrumento legal que permitía combatir este terrible flagelo”, precisó.
Pataz se encuentra a unos 800 kilómetros al norte de Lima, lo que implica un extenso viaje terrestre de alrededor de 17 horas desde la capital del Perú. A pesar de recibir cerca de 50 millones de soles anuales por albergar a las tres principales empresas mineras del país: Poderosa, Aurífera Retamas y Consorcio Horizonte, sus residentes carecen de infraestructuras básicas como carreteras en condiciones adecuadas, comisarías operativas o centros de salud en óptimo estado.