El miércoles 3 de abril, cerca de las 9.00 a.m., el primer ministro, Gustavo Adrianzén, llegó al Congreso de la República con su gabinete para comparecer ante el pleno, exponer las políticas que serán implementadas por parte del Gobierno y solicitar el voto de confianza.
Entre los temas que abordó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), destacaron la inseguridad ciudadana, la lucha anticorrupción, el inicio del año escolar 2024 y las medidas a implementarse de cara a los Juegos Panamericanos 2027, entre otros; sin embargo, unas de las partes más breves de su presentación llegó con la sección dedicada a las propuestas para la erradicación de la violencia contra la mujer.
Seguimiento al cumplimiento de Ley contra el Matrimonio Infantil
En la parte final de su presentación frente al Congreso, Adrianzén se refirió a una de las formas de violencia contra las niñas y adolescentes que más preocupación causa: el matrimonio infantil y las uniones forzadas. El primer ministro aseguró que, desde el Gobierno de Dina Boluarte, se impulsará que la Ley 31945 sea aplicada.
“Nuestro objetivo es proteger a todas las niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual, ya sea en el ámbito familiar, escolar, comunitario o institucional. Por ello vamos a disponer el seguimiento estricto del cumplimiento de la Ley 31945 que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad”, expuso el titular de la PCM.
Sin embargo, pese a reconocer el peligro que estas agresiones tienen en las menores, evitó entrar en detalles sobre el mecanismo empleado para garantizar una correcta aplicación. Todo esto se da en un panorama en el que, las uniones tempranas y forzadas aún persisten de forma silenciosa, incluso luego de la aprobación de la Ley contra el Matrimonio Infantil, que tuvo lugar el último 2 noviembre del 2023, el cual significó un hito importante en el Perú a favor de los derechos de las niñas y adolescentes.
En Loreto y Piura, en un 50% y 32%, respectivamente, se ha identificado un alarmante porcentaje de mujeres unidas a hombres adultos, mientras eran menores de edad.
Expansión de la cobertura del SAR a 7 nuevos puntos en el Vraem
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) aprobó, en mayo del 2023, la creación del Servicio de Atención Rural (SAR), con el objetivo de “brindar atención especializada e interdisciplinaria, con pertinencia cultural”, en medio de un panorama de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, así como de violencia sexual en las zonas rurales. Su incorporación fue enmarcada en el Decreto Supremo N.° 007 – 2023.
Con este objetivo en mente, el titular de la PCM aseguró, a lo largo del 2024, que se habrá implementado esta iniciativa en zonas claves de las regiones Ayacucho, Junín y Cusco.
“Siendo nuestra meta para el mes de julio del 2024 brindar atención a más de 260 mil casos de personas víctimas de violencia y se expandirá la cobertura del Servicio de Atención Rural (SAR) a 7 nuevos puntos en zonas rurales del VRAEM en el presente año”, acotó el primer ministro.
Aplicación de estrategias multisectoriales para prevención y atención
Finalmente, dentro de los puntos mencionados por Adrianzén en la lucha por erradicar la violencia contra la mujer en el Perú, llamó la atención que, al abordar la aplicación de mecanismos para lograr este objetivo, los mismos no fueron detallados; sin embargo, aseguró que incluiría el trabajo en conjunto de diversos sectores del Gobierno.
“Se aprobará e implementará la estrategia multisectorial para la prevención y atención de la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes, que será ejecutada coordinadamente por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Policía Nacional, Ministerio Público y los gobiernos regionales y locales”, acotó.
Tras finalizar la presentación del titular de la PCM, en el Congreso de la República, se debatía el otorgamiento de la confianza al gabinete que representa.